
Combustible y confiscación: Dos frentes que ponen a prueba la sagacidad del Gobierno
Con el fin del Carnaval, el Gobierno deberá hacer frente a dos temas de urgente solución: la certeza del abastecimiento de combustible y el tratamiento de la disposición final séptima.
Respecto a la escasez de gasolina y diésel, ya desde el 27 de febrero en las capitales del eje volvieron las filas.
Esta situación genera preocupación en el sector productivo de Santa Cruz y el servicio del transporte en general.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Cámara de Transporte del Oriente (CTO), advirtieron que debido a la falta del combustible está en riesgo la principal cosecha de productos oleaginosos del país.
Largas filas de camiones esperando cargar el carburante se registran en los surtidores de las provincias cruceñas, donde se concentra el sector productivo del país, una situación que tiene preocupados a los actores de la cadena productiva.
Klaus Frerking, presidente electo de la CAO, señaló que además de la soya también está en riesgo la distribución de carne, arroz y azúcar.
“Sin diésel ¿cómo quieren que produzcamos? vamos a entrar a la mayor cosecha que tiene Bolivia. Necesitamos llegar al chaco, transportar a las industrias”, señaló.
A su vez, Walter Ruiz, el presidente de Fegasacruz, dijo que la realidad es que no hay combustible en los surtidores y de paso salen las autoridades indicando que los productores no abastecen de carne al país.
“Está más que demostrado que hay más del 20% de oferta de ganado en centros de remate comparado con el 2024; hay más ganado que antes”, aseveró.
Fernando Romero, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que se necesitan entre 30 y 40 millones de litros de diésel para la cosecha y siembra en 1,3 millón de hectáreas.
“El Gobierno tiene que inundar de diésel los surtidores en provincia y darle esa seguridad al productor para que pueda cosechar, transportar su grano y pensar también en las siembras de invierno”, manifestó.
Transporte en emergencia
Erlan Melgar, presidente de la CTO, advirtió que la falta de este combustible está poniendo en peligro la producción primaria de alimentos, siendo los únicos responsables las autoridades del Gobierno.
Héctor Mercado, presidente de la Cámara del Transporte Pesado, sostuvo que la falta de pago frenó la descarga de unas 250 cisternas cargadas de gasolina en la planta de la Refinería de Palmasola de Santa Cruz, una situación que a su criterio es insostenible, pues el tema financiamiento ya no es un problema de la estatal petrolera, sino del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que no están pagando a los encargados de concretar la importación de la gasolinas y diésel.
El transporte urbano de Santa Cruz, también se encuentra en emergencia. Si bien hoy debían iniciar un paro de 48 horas por la falta de combustible, Segundo Ricaldi, dirigente del transporte urbano, explicó que la amenaza de un paro de 48 horas, a partir del miércoles, por la falta de combustible, “por el momento queda sin efecto, debido a que mantendrán la jornada de hoy una reunión con autoridades de YPFB y la ANH, para ver el tema de la provisión de combustible”.
El 27 de febrero los transportistas de Santa Cruz anunciaron que dejarían de operar durante 48 horas y que bloquearían las carreteras si el Gobierno no solucionaba el problema de desabastecimiento de combustible.
El secretario ejecutivo de la Federación de Transportistas, Bismark Daza, afirmó que las reuniones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no dieron resultados y que la crisis sigue afectando al sector.
“El chofer de micro ya no trabaja, pasa más tiempo en las filas que en su ruta”, denunció Daza. Agregó que actualmente solo el 60% de las unidades están operando y que los usuarios son los más afectados.
En aquella oportunidad el sector estableció como plazo el lunes 3 de marzo para que el Gobierno garantice la provisión normal de diésel y gasolina. En caso contrario, el miércoles iban a paralizar sus actividades, algo que quedó sin efecto a la espera de los resultados de un nuevo encuentro que mantendrán con Yacimientos y técnicos de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Confiscación
El otro problema que debe resolver el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es el pedido de dejar sin efecto la disposición séptima, una demanda del Comité multisectorial que considera que esta norma confiscatoria no hace otra cosa que provocar incertidumbre en la cadena productiva del país.
César Gonzáles, representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, en el programa radial de EL DEBER, Dinero 360, explicó que desde el lunes 10 de marzo saldrá una marcha desde Patacamaya hasta la ciudad de La Paz.
“Va ser una marcha dura, pero la vamos a realizar, pues no vamos a aceptar que una norma que no lucha de manera directa contra el contrabando, afecte nuestras finanzas y provoque el no respeto por la propiedad privada”, observó Gonzáles.
Que sostuvo que una vez que se llegue a la sede de Gobierno, se iniciarán las protestas como las marchas y huelga de hambre, dejando como última instancia el bloqueo de carreteras.
Sobre el tema, el economista, Walter Morales, dijo que la solución y decisión para estos conflictos no es económica sino política.
“Para solucionarlos el Gobierno debe ser honesto para reconocer y ajustar los errores, pero también capaz para resolver tantos desajustes generados, aspectos que son muy difíciles de que se den este año. Lo que viene cada vez será peor, entre más se demoren los ajustes”, complementó.
A su vez, Juan Fernando Subirana, economista, dijo que “lastimosamente” la situación que enfrenta la administración del Gobierno es una dura encrucijada, genera y exacerbada por su propia inacción.
“El frente del pedido de cambio de la disposición séptima del PGE solo puede radicalizar sus reclamos y la situación del diésel está estrechamente ligada a la falta de divisas y al déficit comercial; todo apunta a que esta situación solo se recrudezca con el pasar de los días”, agregó el analista.
Preocupación de los cívicos
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, convocó a los líderes cruceños de las instituciones, provincias y distritales a reunión de directorio, este jueves 6 de marzo, para tomar medidas ante “el eminente colapso económico: sin combustible, sin exportaciones, falta de dólares, incremento de los precios de la canasta familiar y se está ingresando a una crisis alimentaria”.
Cochamanidis sostuvo que la crisis económica es una bomba de tiempo y la falta de combustible es uno de sus detonantes inmediatos, remarcó que es tiempo de que el Gobierno rinda cuentas.
La autoridad indicó que el encuentro tiene como objetivo definir medidas de acciones concretas, ante la falta de soluciones por parte del Gobierno Nacional, frente a la creciente crisis.
Fuente: El Deber
Sección: Economía
Fecha: 06/03/2025
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