Un balance de Fundación Tierra había detallado varios casos hasta marzo. En diciembre ya suman otros dos estallidos.
Al menos 10 incidentes violentos estallaron desde 2021 en la provincia Guarayos, donde las comunidades viven en constante tensión. El más reciente tuvo lugar ayer, cuando un grupo de campesinos fue desalojado por la fuerza por los Interculturales.
Según un recuento elaborado por la Fundación Tierra, la ola de violencia estalló el 11 de septiembre de 2021, en el predio Santa María, ubicado a 45 kilómetros de Ascensión de Guarayos durante un operativo de desalojo que desencadenó un violento episodio. Tres policías resultaron heridos de bala, vehículos policiales fueron incendiados y una vivienda quedó destrozada. La propietaria, Grecia Yucra, denunció que los invasores quemaron su campamento y amenazaron a su familia.No fue un caso aislado.
El 18 de septiembre de 2021, en el Núcleo 53 Brecha Casarabe, en la comunidad El Carmen, el dueño del predio, Juan Montaño López, fue brutalmente atacado con machetes, palos y disparos de armas de fuego mientras intentaba dialogar con invasores. Este caso continúa en proceso de investigación.
Además, estos incidentes se han repetido, generando un saldo trágico en múltiples ocasiones. En marzo de 2022, un enfrentamiento en la estancia La Estrella resultó en una muerte y seis personas detenidas por un conflicto de avasallamiento de tierras. El 28 de julio de 2022, otro enfrentamiento en el predio Las Londras dejó a un comunario gravemente herido. En un incidente anterior en el mismo lugar en 2021, periodistas, policías y trabajadores fueron atacados por encapuchados armados.
Sixto Canaza Sacaca, Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Nicolás Ramírez Taboada y Martin Tejerina Villalobos, son las cinco personas que estaban siendo investigadas por el Ministerio Público. Las tres primeras, en primera instancia, fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel, pero luego la Justicia les otorgó medidas sustitutivas, en tanto que los dos últimos sindicados, Ramírez y Tejerina, nunca hicieron caso a la notificación del fiscal para realizar su declaración por lo tanto están prófugos.
En diciembre de 2022, el propietario del predio La Toja fue atacado a balazos por avasalladores, mientras que el empresario Rudiger Trepp denunció un ataque masivo con más de 200 invasores en su propiedad Las Parabas.
La violencia continuó en marzo de 2023 en el predio Santagro, donde dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas por armas de fuego. Y más recientemente, el 2 de diciembre, un enfrentamiento dejó un muerto y 17 heridos entre Interculturales y campesinos, seguido el 19 de diciembre por otro desalojo violento de tierras a campesinos de la comunidad Río Viejo.
“La falta de definición sobre derechos de propiedad de la tierra y la inacción por parte del Estado en los enfrentamientos por avasallamientos son los factores que impulsan que este tipo de casos sigan en aumento y se tornen más violentos”, alertó en marzo de 2023 un informe de la Fundación Tierra.
Muchos de estos casos están congelados en el Tribunal Agroambiental, cuyos fallos han sido escasos en el curso de los últimos dos años, según analistas.
