“Estos sujetos en muchos casos utilizan, entre comillas, ‘incautos’, quienes les entregan importantes sumas de dinero con la esperanza de que en algún momento se vayan a regularizar sus trámites. Eso es imposible, porque en el caso puntual de estos cinco predios, ya están titulados, ya el INRA ha establecido que son propietarios de esa tierra”, dijo.
Detalló que muchas de estas personas se camuflan en organizaciones sociales para delinquir. “En verdad ellos se escudan en organizaciones sindicales con las cuales pretenden legitimar sus actividades delictivas”, dijo.
Consultado sobre el número de personas involucradas, Aguilera explicó que es difícil de cuantificar debido a las diferentes etapas de movilización que ocurren durante el año. Sin embargo, insistió en la necesidad de capturar a los líderes para desarticular estas organizaciones y devolver las tierras a sus dueños mediante un proceso legal y administrativo.
Lentitud en los procesos
El viceministro desmintió la percepción de impunidad en estos casos, indicando que al menos seis o siete personas han sido condenadas por la toma ilegal de tierras. No obstante, reconoció que la lentitud del proceso judicial no es responsabilidad del gobierno, sino de otras entidades como el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
En cuanto a los vínculos entre diferentes grupos de avasalladores, Aguilera confirmó que, aunque no operan bajo una dependencia común, comparten modos y métodos similares para cometer estos delitos, frecuentemente escudándose en organizaciones sindicales.
El viceministro reafirmó el compromiso del gobierno de continuar con los operativos de recuperación de tierras avasalladas y de perseguir a las organizaciones criminales responsables, enfatizando la necesidad de colaboración entre las víctimas y las autoridades para acumular pruebas suficientes y obtener condenas.
En sentido, Aguilera sostuvo que se “perseguirá” a estas personas hasta frenar la actividad ilegal que ejercen en zonas productivas, prometiendo que no tendrán paz.
“No puede haber paz para estas organizaciones criminales. No tiene que haber paz. Nosotros representamos a la seguridad interior y es nuestro deber y compromiso brindarle certeza a quien, siendo un legítimo propietario, merece todo el respaldo del Estado”.
Fuente: El Deber
Sección : Economía
Fecha: 20/06/2024
