El miércoles 9 de julio, a las 11:00, ha sido fijada como la nueva fecha para la instalación del juicio oral del caso Londras
A casi cuatro años del brutal ataque perpetrado en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, contra los periodistas que cubrían el avasallamiento de tierras, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las asociaciones departamentales de todo el país han alzado la voz una vez más para exigir que el juicio contra los responsables inicie de forma inmediata y sin más postergaciones.
El pronunciamiento denuncia la impunidad, la inacción institucional y la sistemática retardación que ha marcado el proceso judicial desde octubre de 2021. «Demandamos el cumplimiento de la acción penal sin más dilaciones hasta lograr una sentencia que repare el daño causado y restituya la confianza pública en la justicia», dice la ANPB.
El miércoles 9 de julio, a las 11:00, ha sido fijado como la nueva fecha para la instalación del juicio oral por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción, compuesto por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa.
Para el gremio periodístico, esta audiencia representa una “responsabilidad histórica” de impartir justicia en un caso que simboliza uno de los más graves atentados contra la libertad de prensa en tiempos democráticos.
“Demandamos que este juicio se instale sin más postergaciones y que se conduzca con la celeridad y seriedad que exige la gravedad del caso. La demora injustificada no solo profundiza el dolor de las víctimas, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia boliviana”, señala el comunicado de la ANPB.
Los cinco acusados de este caso: Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada son procesados por los delitos como tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, robo agravado, portación ilícita de armas, organización criminal y atentado contra la libertad de prensa.
El 28 de octubre de 2021, seis periodistas que cubrían un conflicto por avasallamientos de tierras fueron emboscados por un grupo armado encapuchado. Durante más de siete horas, los comunicadores fueron golpeados, amenazados de muerte y sometidos a vejaciones en lo que fue una clara violación a sus derechos fundamentales y un acto de censura violenta.
Desde entonces, el proceso ha estado marcado por irregularidades, cambios de fiscales sin justificación, liberación de acusados peligrosos y la ausencia de medidas efectivas por parte del aparato judicial. Para la ANPB, este patrón refleja una estructura de encubrimiento que mantiene el caso estancado, afectando no solo a las víctimas, sino también a la confianza del país en su sistema de justicia.
Juicio suspendido cuatro veces
Hasta la fecha, el inicio del juicio por el caso Londras ha sido suspendido en cuatro ocasiones, lo que ha generado indignación entre las víctimas y su defensa legal.
“Lamentablemente, en Bolivia ya nos hemos acostumbrado a que este tipo de audiencias se suspendan constantemente por argucias legales. Pero como defensa no vamos a desistir hasta que se haga justicia”, indicó la abogada Raquel Guerrero, representante legal de los periodistas y de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
“El caso Las Londras es un emblema de la impunidad que enfrenta el periodismo en Bolivia. Exigimos justicia real y efectiva, sin más dilaciones”, remarcó la asociación nacional.
La ANPB también anunció que desplegará una veeduría activa y vigilante durante el desarrollo del juicio, advirtiendo que no permitirá más excusas ni postergaciones. “¡Juicio sin dilaciones! ¡Libertad de prensa sin miedo ni violencia!”, concluye el manifiesto.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la dilación del juicio e hizo un llamado a los jueces, fiscales y operadores del sistema judicial a “cumplir con su mandato constitucional, acelerar las diligencias pendientes y garantizar un juicio transparente, sin más dilaciones”.
“Advertimos que esta constante suspensión de audiencias, la rebeldía de los acusados y la falta de acciones eficaces por parte de los operadores de justicia configuran una clara retardación de justicia que vulnera el derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia”, señaló la institución defensorial, que hace seguimiento del caso desde 2021.
Fuente: EL DEBER
