TÉNICOS. El viceministro de tierras confirmó el cambio de directores del INRA por personal técnicos que realizarán una auditoria administrativa y legal de los procesos de saneamiento desarrollados en 20 años. Esperan estas acciones frenen los avasallamientos de predios productivos, que suman a 300 en Santa Cruz.
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez anunció que iniciarán un proceso de auditoria a los procesos de saneamientos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y procesos penales contra personeros de la institución que estuvieran involucrados en actos de corrupción y avasallamientos.
También la autoridad confirmó que se “tecnificará” el INRA, respondiendo al pedido de los agropecuarios afectados por avasallamientos de despolitizar la institución a cargo de sanear los predios productivos. Con esta medida, Vaca Diez, espera poner fin a las tomas ilegales de tierras en el país.
“Vamos a posesionar a las nuevas autoridades del INRA (que serán) eminentemente técnicas, y vamos a iniciar un proceso de auditoría para determinar responsabilidades”, afirmó el viceministro.
El viceministro destacó que el problema de los avasallamientos es un flagelo que no se limita a Santa Cruz, sino al país, señalando que este departamento es el que más sufre este flagelo, donde se estima que hay al menos 300 predios avasallados. “El tema tierra es un tema nacional. Hemos visto avasallamientos en Cochabamba, Tarija y otros departamentos”, dijo.
Productores piden restituye el Estado de derecho
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) respaldó las acciones de desalojo de propiedades invadidas en el departamento de Santa Cruz, las cuales representan una señal para restituir el Estado de Derecho que se había debilitado en el agro cruceño en los últimos años.
El asesor legal de Anapo, Fernando Asturizaga afirmó que estas intervenciones deben estar acompañadas de decisiones estructurales tanto en el ámbito agrario como en el penal. En el ámbito agrario, es prioritario realizar un análisis profundo de la normativa aprobada en los últimos 20 años para identificar las causas que han incentivado la planificación y toma ilegal de tierras y que se investigue el tráfico de información sobre predios agrarios y tierras fiscales en el INRA.
Anapo ve necesario convocar a la Comisión de Ordenamiento Territorial del departamento, para evaluar la distribución de tierras fiscales y su correspondencia con el Plan de Uso de Suelo (PLUS). Avanzar de manera inmediata en la firma de resoluciones finales de saneamiento y títulos ejecutoriales que beneficien a pequeños, medianos y grandes productores.
“El avasallamiento no debe ser tratado como un delito aislado, ya que suele concurrir con hechos de violencia, amenazas, porte ilícito de armas, robo, abigeato y vulneración de la libertad de trabajo”, asegura Asturizaga.
Por ello, Anapo demanda que las investigaciones alcancen no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales, financiadores, instigadores y a quienes integran redes de tráfico de tierras.
Fuente: EL MUNDO
