La problemática de los avasallamientos vuelve a generar preocupación en el sector agropecuario tras la audiencia (ejecutada en un juzgado de Guarayos) que podría definir la situación jurídica de uno de los principales implicados en estos hechos en el departamento de Santa Cruz, Elías Tejerina. El abogado Álvaro Latorre, defensor del predio Santa Rita, advirtió que el caso trasciende lo individual y responde a una estructura delincuencia organizada que opera con información estratégica sobre tierras en proceso de saneamiento.
“Esto no es solamente una cuestión de arresto de una persona, sino que detrás de él hay una gran red”, sostuvo Latorre, al explicar que estos grupos tendrían acceso a datos clave que les permitirían ejecutar tomas selectivas de propiedades, afectando directamente a productores y propietarios.
Según el jurista, esta situación no solo evidencia la magnitud del problema, sino también las debilidades institucionales en el control y sanción de estos delitos, haciendo énfasis en el proteccionismo del cual aún goza Tejerina, luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) cesará su gestión gubernamental.
“Elías Tejerina es el ideólogo de la denominada “Segunda Revolución Agraria” probablemente el avasallador más peligroso, y el que tiene mayor manejo de información y que merced al grado de dirigencia logrado (entre los interculturales) ha logrado articular a los diferentes avasalladores de todo el departamento, con información que él les dotaba respecto a tramites de tierras en el INRA y el Tribunal Ambiental”, puntualizó sobre el modo en que el acusado operaba.
En ese sentido, cuestionó el accionar del sistema judicial y del Ministerio Público, señalando que la falta de resultados concretos ha contribuido a que estos hechos se mantengan en el tiempo, generando incertidumbre en el sector productivo.
Asimismo, Latorre advirtió que una eventual liberación del implicado podría tener consecuencias directas en el incremento de los avasallamientos. “Las consecuencias podrían ser el recrudecimiento de nuevas tomas de propiedades”, afirmó, remarcando el riesgo que esto representa para la seguridad jurídica en el país.
El abogado también señaló que estas acciones no solo afectan a propietarios, sino a toda la cadena productiva, incluyendo trabajadores y familias que dependen de la actividad agropecuaria. En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades a asumir una postura firme y responsable en la toma de decisiones, considerando el impacto económico y social que podría derivarse de este caso.
Finalmente, enfatizó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y garantizar procesos transparentes, con el fin de frenar este tipo de delitos y devolver confianza al sector productivo, que hoy observa con preocupación el desarrollo de este proceso judicial.
Fuente: SCA
