En Jonagro, el ministro de Desregulación planteó cambios en el INASE, defendió la propiedad intelectual y habló de un salto productivo para el agro.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner en agenda una reforma largamente discutida por el campo argentino: una nueva Ley de Semillas. Durante su exposición en Jonagro, ante un auditorio colmado en la Bolsa de Cereales, el funcionario sostuvo que el Gobierno busca avanzar con cambios estructurales para mejorar la productividad agropecuaria.
El eje de su discurso estuvo puesto en la biotecnología, la propiedad intelectual y el acceso a mejor genética. Para Sturzenegger, el marco actual limita la incorporación de tecnología y deja a la Argentina por detrás de otros países productores. La Ley de Semillas vigente tiene como objetivo promover la producción y comercialización eficiente de semillas, asegurar identidad y calidad, y proteger las creaciones fitogenéticas, pero el debate por su actualización lleva años abierto.
Uno de los puntos más fuertes fue el cambio previsto para el INASE. Sturzenegger explicó que la intención oficial es transferir parte de la fiscalización al sector privado y dejar al organismo como instancia de resolución de conflictos. “Lo que estamos haciendo con el Inase es transferir la potestad de la fiscalización al sector privado; el Inase va a quedar como un tribunal de alzada cuando hay conflicto”, afirmó.
La propuesta oficial ya había sido presentada a entidades agropecuarias y semilleras en abril, con un esquema de control que incorpora participación privada y busca reforzar la protección de la propiedad intelectual. Según medios especializados, el planteo apunta a nuevas variedades y sería discutido en el ámbito de la CONASE, sin efectos retroactivos sobre materiales ya existentes.
El ministro defendió la reforma con un argumento productivo. Según dijo, reconocer la propiedad intelectual en semillas no debe leerse solo como un beneficio para las empresas semilleras, sino como una herramienta para los propios productores. “El derecho a la propiedad de la semilla es defender al productor, para que tenga la posibilidad de acceder a la mejor genética”, sostuvo.
Sturzenegger comparó el caso argentino con experiencias de otros países, especialmente Brasil, donde la incorporación de tecnología permitió mejoras en cultivos como el algodón. En ese sentido, advirtió que la falta de un marco más claro para la propiedad intelectual afectó la productividad local. “La Argentina podría incluso duplicar la producción de algodón si lograra incorporar genética de mayor potencial. No tener derecho de propiedad nos ha afectado fundamentalmente la productividad”, planteó.
El debate, sin embargo, es sensible dentro del sector. La discusión por una nueva Ley de Semillas y por la eventual adhesión a estándares internacionales como UPOV 91 divide posiciones entre productores, entidades rurales, semilleras y sectores que advierten sobre el impacto en el uso propio de semillas. La propuesta oficial busca presentar el cambio como un equilibrio entre protección tecnológica y derechos del productor.
Para el Gobierno, la reforma forma parte de una agenda más amplia de desregulación y modernización del agro. El objetivo declarado es atraer inversión, acelerar la llegada de nuevas variedades, ordenar la fiscalización y mejorar el rendimiento de cultivos estratégicos. En ese esquema, el sector privado tendría mayor protagonismo en los controles y el Estado quedaría como árbitro ante controversias.
El planteo de Sturzenegger en Jonagro dejó una señal política clara: el Ejecutivo quiere reabrir una discusión que históricamente quedó trabada por falta de consenso. La promesa de un “salto productivo” dependerá ahora de cómo se escriba el proyecto, qué garantías incluya para los productores y qué nivel de acuerdo logre dentro de una cadena agropecuaria donde la semilla es mucho más que un insumo: es el punto de partida de todo el sistema.
