Tras la abrogación de la controvertida Ley 1720 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la postergación del encuentro agropecuario previsto en Montero, SCA conversó ampliamente, en su pódcast Foro Agropecuario, con el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, quien explicó la posición y el sentir del sector productivo nacional frente a esta decisión.
Una ley necesaria que quedó postergada
A manera de contexto, Frerking recordó que la Ley 1720 comenzó a gestarse hace varios años. Precisó que el proyecto fue presentado inicialmente en 2016, durante el gobierno de Evo Morales, pero quedó paralizado hasta 2022, cuando una senadora retomó el tema e identificó dos aspectos observados dentro de la normativa vinculada a la conversión de la pequeña propiedad.
“El primer punto era que se pretendía convertir la pequeña propiedad en empresarial; es decir, todos los pequeños productores pasarían al régimen empresarial y tendrían que tributar en el régimen general. Eso hacía inviable que un pequeño productor, sin capacidad de inversión ni acceso a financiamiento, pudiera sostenerse. En su momento se observó ese aspecto y se planteó que la conversión debía darse únicamente hacia mediana propiedad”, explicó.
El segundo punto observado, según el dirigente, estaba relacionado con la Función Económica Social (FES), que inicialmente se planteaba con un plazo de dos años, situación que no se ajustaba a los tiempos productivos del agro, donde las inversiones y retornos requieren proyecciones de mediano y largo plazo.
“En esta nueva ley, que permanecía archivada, el senador Branko Marinkovic la retoma en la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, analiza el contenido y decide ampliar la FES de dos a diez años, además de establecer que la conversión del productor sea de pequeña a mediana propiedad, y no a empresarial”, aclaró.
Sobre esa base, Frerking sostuvo que una normativa de estas características representaba una oportunidad para miles de productores, considerando que cerca del 90% de los títulos emitidos en Bolivia por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) corresponden a títulos individuales.
“Aquí hay que hacer una diferencia clara: existen títulos individuales o privados, que son los que poseen los productores, y también títulos colectivos emitidos a comunidades o TCO’s (Tierras Comunitarias de Origen). Son figuras completamente distintas”, explicó.
El presidente de la CAO calificó la ley como positiva porque, a su criterio, eliminaba restricciones para que pequeños productores pudieran acceder libremente a financiamiento utilizando sus propiedades como garantía. “Ese era el verdadero espíritu de la Ley 1720”, enfatizó.
Resistencia e intereses políticos
Frerking señaló que la resistencia a la norma estuvo influenciada, según su percepción, por intereses políticos orientados a generar conflictos sociales y presión sobre el Gobierno nacional.
“El sector agropecuario no quiere ser utilizado como chivo expiatorio de intereses políticos”, afirmó.
Asimismo, destacó que la postura del agro no fue únicamente asumida por Santa Cruz, sino respaldada por representantes de distintos departamentos del país.
“El sector agropecuario nacional estuvo presente en La Paz con 23 dirigentes, demostrando la unidad del sistema productivo boliviano”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el agro es uno de los pilares fundamentales para la recuperación económica nacional.
“Una de las patas del desarrollo económico nacional se llama sector agropecuario y es la que ayudará a que el país salga adelante”, manifestó.
Frustración por la abrogación
Frerking también expresó su frustración por la decisión legislativa, recordando que recibió personalmente el proyecto de ley de manos del senador Rodrigo Paz durante el acto inaugural de Agropecruz 2026.
“Estoy dolorido de corazón por la abrogación de esta ley. Yo lo vivo y lo siento; soy la cuarta generación de productores agropecuarios de mi familia. Nosotros vivimos esto piel a piel”, expresó.
Cuestionamientos a la desinformación
Posteriormente, el dirigente cuestionó la desinformación que, según indicó, circuló alrededor de la norma y terminó influyendo en el rechazo social.
“No podemos seguir con un país inviable; tenemos que ayudar a que Bolivia sea viable. El Gobierno tiene la obligación de identificar a quienes financian este tipo de campañas y entender por qué actores externos intervienen en decisiones bolivianas”, afirmó.
Frerking sostuvo que la desinformación terminó aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de parte de la población.
“Se jugó con la pobreza de la gente y eso es preocupante”, lamentó.
El reto del Gobierno y la apuesta por consensos autonómicos
Finalmente, el presidente de la CAO exhortó al Gobierno a asumir decisiones firmes para restablecer el orden y generar condiciones que permitan impulsar el desarrollo productivo.
“Tenemos una agenda agropecuaria completamente paralizada desde hace 18 años. Llegó la hora de hacer viable a Bolivia, y esa es responsabilidad del Gobierno. Fueron elegidos para gobernar para todos los bolivianos, respetando nuestra diversidad”, sostuvo.
En ese marco, planteó que las comisiones agrarias departamentales sean los espacios de consenso y debate para futuras políticas agrarias y proyectos de ley.
“Las comisiones agrarias departamentales son convocadas por cada gobernador y cuentan con la participación del INRA, productores, campesinos, indígenas e instituciones agroproductivas como la CAO. Ese es el escenario ideal para debatir qué quieren los productores de cada departamento y construir políticas agrarias desde las regiones”, explicó.
Frerking concluyó señalando que este mecanismo permitiría fortalecer las autonomías departamentales y promover decisiones más acordes a las realidades productivas de cada región.
Fuente: SCA
