La urgencia por intervenir tramos críticos como Trinidad-Loreto, la Ruta 9 al norte y el postergado puente sobre el río Mamoré obliga a la región a aceptar el endeudamiento externo ante el centralismo presupuestario.
El tratamiento legislativo de la denominada «Ley Rodrigo» —el proyecto normativo impulsado por el diputado Rodrigo Cabrera para viabilizar créditos internacionales destinados a la infraestructura vial fundamental— ha reactivado un debate profundo en el departamento del Beni. Si bien la liberación de estos recursos externos se perfila como el único respirador artificial para salvar las destrozadas rutas de la región, los sectores vivos y analistas locales advierten de forma unánime que esta medida responde a una necesidad de supervivencia y, bajo ninguna circunstancia, suple ni condona la histórica deuda vial que el Estado central mantiene con la cuna de la ganadería boliviana.
Para el Beni, aceptar que las carreteras se construyan a fuerza de endeudamiento externo, mientras que en el eje central del país las dobles vías y los complejos viaductos se financian directamente con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), es el reflejo de un centralismo presupuestario que sigue postergando al departamento. La región no recibe estos proyectos como un favor político o un regalo de gestión, sino como un paliativo tardío a una postergación sistemática que frena su desarrollo productivo.
Los tramos de la urgencia: ¿Dónde se invertirá?
La presión regional de las brigadas técnicas y los sectores del transporte ha definido los tramos de la Red Vial Fundamental (RVF) en el Beni que deben ser intervenidos con prioridad absoluta mediante este paquete de financiamiento internacional:
Ruta Trinidad – Loreto: Una vía que año tras año sufre el colapso logístico por el factor climático. La estabilización definitiva de esta ruta es una exigencia económica para consolidar el flujo de la alta genética pecuaria sin el fantasma del aislamiento en época de lluvias.
La Ruta 9 (Trinidad – Guayaramerín): El eterno calvario del norte beniano. El crédito apunta a la rehabilitación de los segmentos más críticos y la consolidación de puentes definitivos en zonas como San Ramón y San Joaquín, vitales para el corredor comercial hacia la frontera con Brasil.
San Borja – San Ignacio de Moxos: Un corredor de alto tráfico pesado que conecta al departamento con el oeste del país y la Sede de Gobierno, cuyo mantenimiento preventivo actual resulta insuficiente frente a la magnitud del flujo vehicular y el desgaste pluvial.
El Puente sobre el Río Mamoré (Cruce Puerto Varador): Considerado el «eslabón perdido» de la integración beniana, la incorporación formal del financiamiento para esta megaestructura dentro de los fondos externos es la máxima exigencia para terminar con el precario e intransitable sistema de pontones que frena a la provincia Moxos y los transportistas que llegan desde La Paz.
Endeudamiento por necesidad, no por justicia
La postura de los sectores productivos y cívicos es clara: el Beni necesita las carreteras hoy porque su economía se está desangrando en el barro, pero la «Ley Rodrigo» debe ser entendida como un mecanismo de emergencia. La verdadera justicia económica llegará cuando el nivel central del Estado diseñe políticas de inversión directa y agresiva en las fronteras y llanos benianos, reconociendo el millonario aporte que realiza el departamento a la seguridad alimentaria del país. Mientras tanto, cada kilómetro de ripio o asfalto que se logre asegurar será el resultado de la presión local, y no de una planificación equitativa del desarrollo nacional.
Fuente: La Palabra Del Beni
