El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, señaló que el presidente Luis Arce Catacora no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, de acuerdo con el reporte de medios estatales.
“Nos hubiera encantado conocer cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que ellos (empresarios, transportistas y gremiales) tienen para pedirle al presidente que derogue o abrogue esta disposición séptima, sabiendo que la Constitución no le da esa atribución. El presidente no puede derogar, abrogar, modificar o dejar sin efecto una disposición normativa con rango de ley, esa es una atribución de otro Órgano del Estado”, dijo Silva en una entrevista con un medio paceño.
En la jornada de este jueves, el tercer encuentro multisectorial determinó ir a un paro movilizado nacional para el 10 de febrero, si es que el Gobierno nacional no deroga la mencionada disposición; además descartaron la posibilidad de participar en la reglamentación de la misma.
Ante la advertencia, Silva enfatizó que la disposición séptima no fue concebida para afectar al comerciante minorista, al productor o al industrial, sino para luchar contra el contrabando a la inversa.
Por ello, volvió a convocarlos a retornar a la mesa de diálogo para trabajar en el reglamento “y darles toda la seguridad jurídica que requiere el sector productivo, el sector del comercio minorista y poner candados que les dé esa certeza jurídica y a las instituciones del Estado, el respaldo normativo para que realicen los controles y fiscalización respecto a la comercialización de productos esenciales de la canasta familiar”.
Según Silva, con esta disposición todos los niveles de gobierno del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.
La decisión de incluir esta disposición en la Ley 1613 responde a la exigencia de la población y de los sectores productivos al Gobierno de asumir medidas en contra del contrabando a la inversa que en 2024 provocó que el precio de distintos alimentos, como el huevo, el tomate, la carne de res y el arroz se incremente.
“¿Qué nos decían los propios industriales? ‘Nosotros estamos produciendo con normalidad, estamos distribuyendo con normalidad, pero no nos pidan que controlemos a los mayoristas, porque ellos, una vez que nos pagan, ya tienen la factura y deciden dónde y cómo venderlo’”, recordó Silva.
Fuente: El Deber
Sección: Economía
Fecha: 31/01/2025
