Después de tanto ‘ir y venir’ y de una semana de clima hostil en los predios invadidos de la zona acuífera de las Lomas de Arena, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, y una comitiva de asambleístas y ambientalistas, se hizo presente y tras una inspección reportó que se constataron delitos ambientales, además de ocupación ilegal en la propiedad perteneciente a la familia Kim.
La fiscalización procede un día después de que el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, deslindara competencia de la estatal de tierras en avasallamiento en manchas urbanas, cuya tución dijo que corresponde a los gobiernos subnacionales, en este caso, la Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. No obstante, reportó que en el país existen 208 denuncias de tomas ilegales y anunció que en los próximos días se ejecutarán 17 desalojos en el departamento cruceño, reservándose de referir el plan y las zonas de ejecución.
En el caso de la problemática de tierra en el Centro Turístico Kim, Mariaca aseguró que el instructivo recibido de la Fiscalía General del Estado es trabajar de frente y no permitir avasallamiento ni tráfico de tierra, en ninguna propiedad privada. “Vamos a hacer el trabajo que nos compete y pedir a la Policía que se ponga bajo la dirección funcional de la investigación del Ministerio Público para que en el orden constitucional establecido prevenga ilícitos y resguarde el derecho a la vida de los afectados”, expresó Mariaca, al referir que se verificaron delitos ambientales y el avasallamiento a propiedad privada.
El fiscal hizo notar que se evidenció la existencia de una laguna donde se incurrió en delitos ambientales, dando cuenta que al respecto una concejala formalizó una denuncia para que se investigue este ilícito. “En el transcurso de esta semana se van a realizar las investigaciones en coordinación con la Policía Forestal (Pofoma), y también se investigará la ocupación y otros delitos penales”, sostuvo.
Sun Chel Kim, propietario de los predios en conflicto, indicó que esperan que se cumpla con el compromiso hecho por el fiscal departamental, dejando entrever que en el último mes han sido hostigados y amenazados por los tomatierras.
“Vino el fiscal y se presentó en la propiedad, indicó que garantizaría y daría la orden para que la Policía actúe, ahora esperamos respuestas efectivas”, afirmó Kim, al denunciar que los policías que rondan el área los controlan y que incluso les revisan sus pertenencias y vehículos, pese a que explican que son los propietarios que denunciaron la invasión y asentamiento ilegal en el área acuífera.
“Estamos terminando esta nueva inspección y fiscalización en los predios, con la presencia del fiscal departamental. Valió la pena esperar e insistir para que las instancias intervengan. Ahora falta la intervención del Comando de la Policía para que desaloje a los avasalladores”, mencionó la asambleísta departamental Paola Aguirre, al relievar que los integrantes de la comisión verificaron casetas improvisadas en el lugar donde encontraron machetes, camas precarias y otros objetos con los que amedrentan.
Ayer, los asambleístas departamentales, Zvonko Matkovic y Paola Aguirre presentaron en la Fiscalía, una acción de libertad “por la afectación medioambiental provocada por los avasallamientos en la zona de los reservorios acuíferos en la propiedad Kim”.
“Esto es por el derecho al agua gratuita. La Justicia y la Policía han brillado por su ausencia; después de tantas arremetidas hacia la población que se tuvo que autoconvocar para ir a defender los recursos de todos los cruceños, recién hoy día (lunes 12) aparece la Fiscalía a hacer acto de presencia”, señaló Matkovic.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental mostró su desconfianza hacia la premura con la que autoridades nacionales puedan intervenir. Mostró su desconfianza hacia la premura con la que autoridades nacionales puedan intervenir. “El ministro (de Gobierno) dice que recién va a apersonarse mañana (martes); a ver si lleva a la Policía para desalojar a los avasalladores”, expresó con incredulidad.
Sobre la situación ambiental en los terrenos de la familia Kim, describió: “Existe un daño medioambiental. Esos acuíferos son de donde sale el 60% del agua que tomamos los cruceños; es un área protegida. El agravante es que es propiedad privada. Esos terrenos están con todo su derecho propietario consolidado”.
Se vienen operativos
Desde La Paz, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que se trasladará a Santa Cruz para asumir, desde mañana (por hoy), acciones contra las ocupaciones ilegales de tierras. Anotó que se realizarán intervenciones con efectivos de la Policía Boliviana.
El ministro garantizó que se actuará con todo el rigor de la ley y negó que exista inacción en los enfrentamientos registrados la pasada semana, en predios de la familia Kim, donde dos personas resultaron heridas, uno de ellos Juan Carlos Fortún, periodista de EL DEBER.
“Si existen campesinos, indígenas, empresarios, menonitas, clase media, jueces involucrados en tema de avasallamientos o tráfico de tierra, actuaremos con todo el peso de la ley, ya no vamos a seguir delegando funciones a terceras o cuartas personas, o esperar que autoridades de los gobiernos subnacionales realicen su trabajo, ahora lo realizará el Ministerio de Gobierno con la Policía Boliviana”, remarcó Del Castillo, al lamentar que muchas veces la justicia demora los requerimientos para que intervenga la Policía y explicó que no se pueden realizar acciones directas sin que antes se identifique a los propietarios verdaderos de los predios tomados.
Ayer, legisladores de Comunidad Ciudadana presentaron una conminatoria al comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Johnny Chávez, para que actúe frente a los avasallamientos en la región.
“Hemos presentado una conminatoria para que el comandante tome las acciones inmediatas en relación a los delincuentes que se encuentran con armas, tomando territorios que son de propiedad privada”, expresó la diputada Luisa Nayar, al advertir la apertura de procesos penales y administrativos contra el jefe policial si es que no despliega contingente para desocupar a los invasores de predios privados, caso de la familia Kim.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Santa Cruz, tenía previsto realizar una inspección este lunes, en los predios de los Kim. Sin embargo, la acción fue pospuesta para el próximo miércoles, ante la inseguridad de la zona tomada ilegalmente por un numeroso grupo de personas.
Jorge Franco, presidente de la SIB, manifestó que realizan gestiones con la Policía para que les confirmen su respaldo durante su visita a los terrenos.
Tomas en el área rural
De acuerdo con información oficial del INRA, en el país se han reportado 208 denuncias de avasallamientos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Pando. Ayer, Núñez, dio cuenta de que en los próximos días, con ayuda de la fuerza pública, se ejecutarán 17 desalojos en zonas rurales de Santa Cruz.
“Tenemos 17 intimaciones en Santa Cruz y, por estrategia, no vamos a decir cuándo y en qué predios se va ejecutar el desalojo y es área de tuición del INRA. Se va a proceder, con el auxilio de la fuerza pública, y pedimos a los avasalladores intimados, que se vayan retirando”, advirtió Núñez, al afirmar que el Gobierno no tolerará avasallamientos en tierras privadas o fiscales.
Sostuvo que en Bolivia el 90% de las tierras tiene seguridad jurídica -están tituladas- y son los propietarios quienes deben accionar ante avasallamientos, el restante 10% son predios en los que aún no se concluyó el proceso de saneamiento. Llamó a las autoridades competentes hacer cumplir la Ley 477, de lucha contra el tráfico y avasallamiento de tierras, que establece sanciones de tres a ocho años de cárcel.
La semana pasada, en Cochabamba, organizaciones productivas afiliadas a la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declararon en emergencia debido a la problemática de toma ilegal predios privados en el país.
Óscar Mario Justiniano, insinuó que los avasallamientos generan un clima de conflictividad social y de inseguridad permanente para las inversiones, no brinda estabilidad en la seguridad alimentaria y pone en riesgo a la población de las zonas afectadas. “Estos ilícitos no solo afectan a predios privados de pequeños, medianos y grandes productores, sino también a comunidades, tierras fiscales, parques naturales y áreas protegidas”, advirtió.
Fuente: El Deber
Sección: Santa Cruz
Fecha: 13/12/2022
