El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, detalló los alcances de las medidas asumidas por el Gobierno para asegurar el abastecimiento de productos de la canasta básica y reducir los precios al consumidor.
La presión inflacionaria sobre los alimentos, en especial el pollo y el arroz, ha motivado al Gobierno a tomar medidas para asegurar la producción nacional y bajar los precios. En entrevista con Bolivia TV, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, aseguró que Bolivia tiene garantizado el abastecimiento de alimentos para este año e incluso para los próximos cinco años, gracias a una serie de decretos y programas que fortalecen la producción interna, por lo que aseguró que los precios de estos productos básicos deben bajar.
Flores sostuvo que una de las principales medidas aplicadas es la eliminación del arancel a la importación de insumos para la producción avícola, incluidos pollitos bebé, vacunas y vitaminas. “Vamos a tener un gravamen cero a partir de ahora para motivar que el precio del pollo al consumidor final baje”, explicó Flores.
Además, dijo que el Gobierno ha puesto a disposición un fideicomiso de 22 millones de bolivianos en créditos blandos para pequeños productores del sector avícola. El objetivo es que puedan aumentar su capacidad de producción, infraestructura, y mejorar la logística de distribución.
“Estos dos decretos buscan motivar una mayor producción y oferta de carne de pollo y huevo a precios más accesibles para la población”, afirmó.
Según Flores, son entre seis y siete empresas las que actualmente importan pollitos bebé, debido a las exigencias de certificación genética. Con el nuevo decreto, se espera una reducción de costos iniciales que permita trasladar el beneficio al consumidor.
Producción récord
Respecto al maíz y el arroz, productos clave para la alimentación y la cadena agropecuaria, el ministro destacó que este año la producción fue superior en comparación con gestiones anteriores: un 26% más en maíz, 38% en arroz, 27% en soya y 17% en hortalizas como tomate, cebolla y zanahoria.
Flores remarcó que desde 2021 se han aplicado 17 programas para fomentar la producción agrícola y pecuaria. “Desde hace tres años no necesitamos importar ni un kilo de tomate, cebolla o zanahoria”, resaltó, señalando que Bolivia tiene algunos de los precios más bajos en la región.
En este contexto, sostuvo que, para garantizar la sostenibilidad en los próximos años, se ha aprobado un programa con una inversión de 350 millones de bolivianos para incrementar la producción de arroz y maíz durante los próximos cinco años, hasta 2030. Este plan se suma a uno ya vigente de 300 millones para fomentar la producción de soya.
Control al agio, especulación y contrabando
Pese a la buena producción, Flores reconoció que los precios en el mercado no siempre reflejan la realidad del campo. “En los municipios productores de arroz el quintal está entre 400 y 420 bolivianos, pero en mercados se venden en 500 bolivianos o más. Ahí hay especulación”, denunció.
En ese marco, el Gobierno pidió a los municipios que activen controles para evitar el agio y el ocultamiento de productos. Flores destacó el trabajo del municipio de Sucre, que ha detectado depósitos donde comerciantes almacenaban aceite, arroz, azúcar y harina con fines especulativos.
El ministro también alertó sobre el contrabando “a la inversa”, es decir, el desvío de productos bolivianos hacia países vecinos debido a los precios más bajos en el país. “Se ha instruido al Ejército y a las Fuerzas Armadas que refuercen los controles en puntos fronterizos”, aseguró.
Además, el Gobierno ha solicitado que el Ministerio Público y la Policía acompañen los operativos para aplicar sanciones ejemplares. “No podemos permitir que unos pocos malos ciudadanos dañen al conjunto del pueblo boliviano”, concluyó.
Flores fue enfático: “La producción está garantizada. Lo que necesitamos ahora es control y coordinación con las autoridades locales para evitar que el esfuerzo de los productores se diluya en la cadena comercial”.
Las medidas gubernamentales buscan no solo atender la coyuntura, sino también establecer bases estructurales para asegurar el abastecimiento alimentario hasta el 2030. El reto ahora está en frenar la especulación, el agio y el contrabando, factores que aún distorsionan los precios para el consumidor final.
Fuente: El Deber
