El presidente de la Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios (CAPPO), Demetrio Pérez, denunció que los productores rurales están siendo extorsionados por la Policía y, en algunos casos, procesados judicialmente por la compra de carburantes necesarios para sus actividades agrícolas.
Según Pérez, las restricciones en el acceso al diésel han generado un mercado negro, donde algunos intermediarios ofrecen el combustible a precios elevados en las mismas parcelas. «El problema se agrava porque, sin combustible, los pequeños productores no pueden trabajar la tierra ni garantizar la cosecha», afirmó. Además, advirtió que la escasez impacta la producción de arroz y otros cultivos, lo que podría derivar en un alza de precios y desabastecimiento en el mercado.
El dirigente también alertó sobre la creciente criminalización de los agricultores, quienes, según él, son procesados sin una base legal sólida.
Por otro lado, Pérez cuestionó el papel del Gobierno y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quienes han acusado a los surtidores de ocultar el combustible cuando desde esas instancias desvían el carburante. En este contexto, se han anunciado movilizaciones y paros nacionales como medida de protesta.
Fuente: El Mundo
Sección: Economía
Fecha: 08/02/2025
