Áreas Protegidas de Bolivia están en serio peligro si continúa la incursión descontrolada de actividades ilegales
Si continúa la incursión de actividades ilegales al interior de las áreas protegidas de Bolivia, éstas pueden sufrir daños irreversibles que incluso pueden poner en riesgo la existencia de sus principales valores de conservación y, si no se revierte, sus propios objetivos de creación.
“Lo que tenemos ahora son extensas superficies que fueron creadas legalmente con instrumentos jurídicos para resguardar lo más valioso de nuestro patrimonio natural, pero no están cumpliendo con el propósito de su creación”, afirmó el jurista especialista en medio ambiente, Rodrigo Herrera.
Informó que transcurrieron más de 30 años desde el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) constituido por el conjunto de áreas protegidas nacionales, departamentales, municipales o privadas de importancia para la conservación de la biodiversidad boliviana, y más de 25 años desde la creación del Servicio Nacional de Área Protegidas (Sernap), como la autoridad técnica, responsable de su gestión y conservación.
Después de los primeros 10 años de avances sólidos en este proceso, “se ha perdido el rumbo y en la actualidad no se encuentra un cambio trascendental en el país, en lo que se refiere a la gestión pública en materia medioambiental, además que las grandes reformas que se registraron después de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) y que demandaban la actualización y fortalecimiento de normas fundamentales, como la Ley 1333, no fueron consideradas”.
Según la Comisión para la Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEAPBO), la movilización internacional generada por la preocupación sobre el estado del planeta y concretada en la Cumbre de Río de 1992, puede ser considerada como el primer impulso para que se desarrolle la gestión ambiental en Bolivia.
La instancia defensora de las regiones con diversos ecosistemas, considera que en los noventa se iniciaron los planteamientos y discusiones para la formulación de una política ambiental nacional y que aportaron al desarrollo de la Ley 1333 de Medio Ambiente de 1992.
Fue sobre estas bases que se elaboraron, posteriormente, diversas herramientas técnicas para la gestión ambiental como el Reglamento General de Áreas Protegidas (Aprobado por DS 24781 del 31/07/1997) o la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap mediante DS 25158 del 04/09/1998) como una autoridad técnica descentralizada responsable de la gestión de las áreas protegidas nacionales y de la coordinación del SNAP.
Sin embargo, Herrera asume que el futuro de las áreas protegidas no sólo depende de las normas legales, sino también deben ser objeto de un control y de una fiscalización adecuada. “Como cualquier otra superficie del territorio nacional, lo fundamental es la fiscalización, aspecto que debe ser reforzado”, añadió.
Los guardaparques
Tiene especial relevancia el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional (ratificado por Bolivia en 2018), que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. También protege a los defensores ambientales.
Al respecto el jurista considera que como en el resto de los países la jnstitucionalidad de los guardaparques tiene que ser una prioridad, por lo que los guardaparques deben ser asumidos como un personal inamovible y que su funcionamiento tiene que estar regulado por relaciones específicas.
Fuente: ANF
Fecha: 20/01/2025
