La Argentina, históricamente reconocida como líder mundial en producción y exportación de carne vacuna, atraviesa un momento de cambios. La eliminación de los derechos de exportación para varias categorías de carne y la reducción del 25% para el resto, mediante el Decreto 697/2024, ha impulsado las exportaciones a niveles récord. Sin embargo, el consumo interno enfrenta su nivel más bajo en 28 años debido a factores económicos que han impactado los hábitos alimenticios.

La decisión de reducir las retenciones ha revitalizado las exportaciones de carne. Según el Ministerio de Economía de la Nación, las exportaciones de carne alcanzaron un volumen histórico de 699.987 toneladas entre enero y septiembre de 2024, el mayor de los últimos 57 años. China lideró como destino principal, absorbiendo el 68,4% del volumen exportado, seguida por Estados Unidos (46%), Chile (21%), Israel (11%) y la Unión Europea (7%). Estos resultados han permitido a los productores acceder a nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales en destinos clave. Además, los precios de los cortes premium, como los destinados a la Cuota Hilton, han alcanzado valores récord de US$16.000 por tonelada, un 33% más que el año anterior.

En contraste, el consumo interno cayó significativamente a 47,2 kilos per cápita anuales. Aunque el precio de la carne vacuna aumentó tan solo un 33% en lo que va del año, incremento considerablemente menor al de la inflación y al de otras proteínas como el pollo (176%) y el cerdo (173%). Sin embargo, la situación general ha llevado a muchos consumidores a modificar sus hábitos de consumo. En este sentido, es esperable que con la recuperación económica el consumo de carne vacuna se recupere y vuelva a ocupar su lugar central en la dieta de los argentinos.

Los desafíos persisten y queda mucho camino por andar para consolidar este crecimiento. Las barreras fiscales y un tipo de cambio rezagado todavía limitan el potencial competitivo de la carne argentina en el mercado global. Uno de los impuestos nacionales a ser revisado, considero debería ser el IVA. Si bien hace algunos años se redujo a un 10,5%, este impuesto es acumulativo, es decir se debe abonar en cada etapa de la producción. Asimismo, los saldos a favor del productor solo pueden ser aplicados a futuras ventas y no son actualizables por inflación, más allá de que el productor es obligado por el fisco a actualizar el valor de su hacienda, lo que repercute directamente en el pago de impuestos.

En este punto creo que es importante destacar la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, no es solo tarea del gobierno nacional - que nobleza obliga ha dado un paso al frente en materia de bajar impuestos - sino que requiere también del acompañamiento de los gobiernos provinciales y municipales.

Excepción

Lamentablemente, lejos de acompañar, la provincia de Buenos Aires se ha decidido a hacer cada vez más pesada la carga impositiva manteniendo el impuesto a los Ingresos Brutos; impuesto creado como un tributo excepcional casi 50 años atrás, y que de acuerdo a los pactos firmados por las provincias en 1993 y luego en 2017, debería haberse ido reduciendo hasta finalmente desaparecer. Lejos de eso, en algunos casos como la provincia de Buenos Aires, este impuesto sigue vigente y sin vistas de que ello vaya a cambiar en el corto plazo.

A su vez, los productores bonaerenses han visto un aumento considerable del impuesto al inmobiliario rural, no solo por la actualización del mismo, sino también por la creación de un impuesto inmobiliario rural “complementario” que grava una parte del patrimonio del contribuyente que ya se encuentra alcanzada por su versión “convencional” y también por Bienes Personales. Más allá de lo atroz de este impuesto “complementario”, cabe preguntarse seriamente acerca de su legalidad.

Al costo provincial debemos sumarle las cargas municipales, tasas viales y el costo de guías. Estas cargas varían según cada jurisdicción, pero representan un peso adicional que afecta especialmente a pequeños y medianos productores. Haciéndose particularmente onerosa en algunos municipios bonaerenses que han instrumentado nuevas tasas sin contraprestación. Solo por mencionar un caso, el municipio de Azul impuso una tasa a los productores del campo equivalente al valor de un litro de gasoil por hectárea.

Además de los impuestos, nacionales, provinciales y municipales, los costos de intermediación también impactan directamente en la rentabilidad del sector. En los mercados concentradores, los consignatarios cobran comisiones que oscilan entre el 2% y el 4% del valor de venta de los animales. A esto se suman gastos administrativos, seguros y certificaciones obligatorias. Entre otros costos, un productor debe abonar hasta un 17% del valor total de su hacienda en conceptos como: comisión, garantía, derecho de piso, derecho de registro, costo financiero, embretada y control.