El Decreto Supremo 5203 fue publicado oficialmente en la Gaceta Oficial el 21 de agosto y establece: “Con la finalidad de implementar medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal, el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Reglamento General de la Ley Forestal, aprobado por Decreto Supremo 24453, de 21 de diciembre de 1996”.

El Gobierno anunció que las sanciones por quemas ilegales se incrementaran de $us 0,20 centavos a 190 UFV (como mínimo) y 976 UFV (como máximo) por hectárea. Algunas de las “leyes incendiarias” establecían que una persona que tiene 50 hectáreas, si ocasiona incendios, quema ilegal, tiene una sanción de $us 20 centavos por hectárea.

Una UFV equivale a Bs 2,52, según el Banco Central de Bolivia (BCB). Por ello, el que cometa el delito deberá pagar hasta Bs 2.459 por hectárea quemada.
Ante este decreto se pronunció la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), su presidente Hernán Julio Nogales, leyó un manifiesto elaborado por las 31 asociaciones que conforman este ente.

“Luego de haber ralizado un análisis, del indicado decreto 5203, se establece que este determina que las sequía e incendios se desarrollan en todo el continente (América), esto debido al calentamiento global y de los fenómenos atmosféricos donde las victimas somos los productores. Con el Decreto Supremo que impone multas aberrantes que, quemas hacia los productores en sus casas rurales, y sin haber sido culpables directos de los fuegos tiene que pagar una multa de 2.460 Bs. mayor al valor del mercado, esto multiplicado por el número de hectáreas existentes en el predio”, explicó.

Nogales aseguró que dicha medida va en contra de cualquier lógica o razonamiento legal o económico, porque no existe el principio de proporcionalidad, hecho que afectará principalmente a los pequeños productores, campesinos, indígenas y a todo el rubro agroproductivo.

“Este tipo e mediadas que fueron inconsultas constituyen un despropósito que no ayuda a los acuerdos nacionales con el sector agropecuario para salir de la crisis económica. Toda norma para que pueda ser aplicada previamente debe ser socializada por el sector agropecuario. Ahora exigimos abrogar dicho decreto 5203, por lo tanto, nos declaramos en estado de emergencia hasta la abrogación de dicho decreto”, informó.

Así mismo, Félix Sanjinés, representante del Comité Cívico del Beni, se pronunció en contra los incendios forestales presentes dentro y fuera de las fronteras nacionales.
“Hemos realizado un pronunciamiento con todas nuestras provincias donde exigimos al Presidente Luis Arce Catacora la abrogación del Decreto Supremo 5203 por atentar contra la seguridad jurídica y la economía del Beni, de los rubros ganaderos, agrícolas, tanto del sector – comunitario, indígena y privado”, leyó.

El dirigente manifestó que el Comité Cívico del Beni y todos sus comités provinciales exigen a la primera autoridad nacional escuchar su clamor expresado en los siguientes puntos:
“Primero, los incendios causados por diversos factores, y no precisamente por la la intervención de la mano del hombre voluntaria o involuntariamente, son considerados un desastre o ecocidio como cualquier desastre natural, que puede ocurrir y afectar a nuestra propia tierra. En tal sentido Señor Presidente, Su Gobierno está obligado a asistir el inicio de fuego en propiedades agropecuarias y comunitarias con educación, prevención, socialización y mitigación de impactos por efecto de las quemas incontroladas de las áreas agroproductivas”, inició.

Como segundo punto, el cívico indicó que se precisa implementar un plan de ayuda inmediata para mitigar los avances del fuego y sus consecuencia devastadoras inmediatas y posteriores con los niveles de gobierno departamental y municipal , para que en acción conjunta combatan los incendios producidos por la actual sequía y otros factores climatológicos , y no por la intervención humana.

“Tercero, el ganadero beniano, productores agropecuarios, campesinos e indígenas, no están dementes o desequilibrados para quemar el alimento de su ganado y destruir su propia área de producción agrícola y el área de zonas maderables de su propia tierra comunitaria de origen e infraestructura instalada que le costó construir al productor agropecuario, e indígena boliviano.

Y además causa pérdidas económicas y un daño incalculable a la salud humana, la flora y la fauna silvestre, al ecosistema y al medio ambiente”, añadió.

En el cuarto punto del manifiesto, Sanjinés exigió al presidente Arce anular el decreto 5203, al considerar que las multas económicas emiten sanciones exageradas. Además, exige que, se pare el tratamiento de la Ley de Quemas que está en proceso de revisión para tratándose en la Comisión de la Asamblea Legislativa, acción que produce una incertidumbre y afectan a los sectores agropecuarios y agroindustriales, campesinos e indígenas, al departamento Beniano y otros departamentos.

En un quinto punto, argumentó que al ser el Beni la mayor zona afectada por los incendios a nivel nacional, exigen declarar al departamento del Beni como zona de desastre natural e implementar, implementar y ejecutar un plan de mitigación de impactos hacia la economía y la salud humana, al ecosistema y al medio ambiente debido al ecocidio en auge.

En una sexta puntualización del citado comité amenaza que, al ser representantes de la institucionalidad beniana, se asumen como instrumentadores de cualquier tipo de protesta si estos reclamos emitidos no son atendidos por el Gobierno Nacional.

Por su parte, Alfredo Tabary, presidente de la Cámara Agropecuaria del Beni se sumó a toda esta iniciativa en contra de este decreto asumido como arbitrario y carente de consenso.
“Este es un tema que data de dos décadas atrás donde se trabaja con medidas coercitivas que impide la conformación de un plan real porque el forraje se tiene que quemar, es decir que, si usted plantea medidas restrictivas y multas, nadie va a quemar, pero lo que hará es acumular el forraje por largo tiempo y cualquier quema, por el “efecto Lupa” generado ahora hasta por una gota de agua, una botella o cualquier vidrio. Se incendiará todo”, apuntó.

En tal sentido, este ente propone a la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC) generar un plan consensuado de mitigación, donde forzosamente se tiene que quemar los forrajes, como se estila todos los años.

En representación del movimiento indígena, la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB), en voz de su presidente Abdón Justiniano rechazó categóricamente al decreto 5203, al considerarlo atentatorio contra el departamento.

Así también Justiniano, se estrelló verbalmente contra la Senadora Requena, acusándola de ser ella un agente de entrega de tierras a los movimientos de interculturales, a lo que arremetió que no se cederá nada del territorio beniano.

Fuente: SCA

Fecha: 10/09/2024