La normativa vigente establecía sanciones de 2,3 bolivianos de multa por quema ilegal de una hectárea de tierra, que se multiplica según el tipo de propiedad agrícola o ganadera afectada

Tras más de tres meses de incendios devastadores en Bolivia, el Gobierno ha decidido tomar medidas drásticas para combatir la crisis medioambiental. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, anunció la implementación de una pausa ambiental indefinida y la presentación de un proyecto de ley que incrementa las sanciones penales para quienes provoquen incendios, con condenas de hasta 12 años de prisión.

El ministro Lisperguer, junto a otras autoridades del Ejecutivo, explicó que el Decreto Supremo 5225 establece la pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional, suspendiendo todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). Esta medida estará vigente de manera indefinida, hasta que se complete el proceso de repoblamiento y evaluación de las áreas afectadas.

"Se prohíbe la emisión de nuevas autorizaciones para quemas en todo el país", informó Lisperguer, subrayando que la decisión se toma ante el impacto de los incendios en cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz, donde hasta ahora han sido devastadas más de 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales.

Emergencia nacional

La situación ha escalado a tal punto que, el fin de semana, se declaró emergencia nacional y se solicitó el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar la crisis. La gravedad de los incendios ha llevado al Gobierno a activar un plan de acción que incluye el refuerzo de la vigilancia de áreas protegidas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Además, el Decreto incluye medidas para proteger las tierras fiscales afectadas, las cuales serán consideradas no disponibles durante cinco años. Esto significa que no podrán ser utilizados para actividades agrícolas ni ganaderas hasta que se completen las labores de restauración.

Sanciones

Paralelo a la declaración de pausa ambiental, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que modifica el artículo 206 del Código Penal. Establece que la pena por provocar incendios se incrementará de los actuales 2 a 6 años de prisión, a un rango de 5 a 8 años.

El proyecto también propone la incorporación del artículo 206 BIS, que establece sanciones más severas para quienes provoquen incendios que afecten bosques, reservas forestales, áreas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales. Según la nueva propuesta, quienes cometan este delito se enfrentan a penas de 6 a 12 años de prisión.

“En la configuración de este delito es irrelevante que el incendio recaiga sobre bien propio o ajeno”, explicó el ministro Lisperguer, haciendo énfasis en que no habrá excusas para quienes quemen sus propias tierras.

Además, el segundo párrafo de este nuevo artículo indica que aquellas personas que ordenen o se beneficien de una quema también enfrentarán sanciones, con penas de entre 5 y 7 años de cárcel.

Los incendios han afectado no solo a áreas rurales y forestales, sino también a la calidad del aire en varias ciudades, generando alertas sanitarias. Regiones como Tarija, Santa Cruz y La Paz han registrado altos niveles de contaminación atmosférica debido al humo de los incendios, lo que ha llevado a las autoridades de salud a emitir recomendaciones para proteger a la población, especialmente a los grupos vulnerables.

Las actuales multas

Según la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de quemas, la multa por la quema ilegal de una hectárea de tierra es de 2,3 bolivianos (el valor de una Unidad de Fomento a la Vivienda) y el monto se multiplica según el tipo de propiedad agrícola o ganadera afectada, ya sean colectivas, pequeñas, medianas o empresariales.

Si a la persona se lo declara responsable de la quema no autorizada, considerando que el terreno sea de una hectárea de pequeña propiedad agrícola la sanción con multa es de 48,3 bolivianos, lo que se explica de la siguiente manera, 2,3 bolivianos por la hectárea afectada y 20 UFV (46 bolivianos) por el tipo de propiedad, lo que podría sumar una sentencia de seis años de cárcel por haber ocasionado el incendio. Sanciones contempladas en la Ley 1171 y el Código Penal respectivamente.

El pago por incendios en hectárea efectivamente quemada es de 1 a 6 UFV, 2,3 bolivianos a 14,34 bolivianos; y por tipo de propiedad de 20 a 100 (UFV), lo que representará entre Bs 47,8 a Bs 239. En caso de reincidencia, la sanción se incrementará en un 50% sobre el monto total calculado de la multa impuesta.

Leyes productivas convertidas en incendiarias

El representante de la Plataforma Sama, Renán Donaire, señala que las leyes productivas se han convertido en leyes incendiarias, y prueba de ello son los incendios que se registran anualmente en el país, por lo que ve necesario que pueda darse un cambio en la legislatura nacional, tanto en lo jurídico y lo penal.

Donaire también observó que muchas de las autoridades competentes no están realizando su trabajo, y la muestra son los incendios que se tiene en el oriente boliviano, que han provocado que la humareda cubra todo el territorio nacional e incluso afecte a países vecinos.

El miércoles, también se ha registrado una movilización por parte de jóvenes tarijeños, quienes han cuestionado las normas nacionales, que están incentivando los incendios y dejan desprotegidas las áreas naturales.

Fuente: El País 

Sección: Ecos de Tarija 

Fecha: 13/09/2024