Mediante el respaldo de Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (Cao), dos productores ganaderos de San Javier (provincia Ñuflo de Chávez) dieron a conocer los incendios acontecidos en sus predios productivos. Ellos mediante diversos reclamos por la vía legal afirma que estos siniestros no son producto de incendios forestales, sino de acciones provocadas por grupos de avasalladores de tierras plenamente identificados.

“Mi propiedad fue avasallada, y hace menos de dos años ejecutó un desalojo por orden del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), y de los  misterios de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierra, además de la fuerza pública representada por la Policía Boliviana, en especial a la FELCC de San Javier  a quienes agradezco todas sus intervenciones en mi propiedad a verificar la situación de los avasallamientos en mi propiedad y las amenazas que reciben mis trabajadores, mi persona y mis bienes”, indicó René Castedo, dueño de la propiedad agropecuaria Kenia al momento e reiterar su denuncia pública por los hechos ya indicados.

Castedo, agregó que luego de la denuncia formulada por su persona en las oficinas de la Distrital Santa Cruz de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) el miércoles 12 de septiembre pasado sobre la quema de su propiedad, argumenta que esta no se dio por un incendio forestal, sino por incendios provocados y además malintencionados, utilizando combustible (como constatan las fotos presentadas durante la denuncia) para hacer arder portones y aposentos de sus trabajadores.

“La infraestructura ha sido vandalizada y quemada a propósito con la ayuda de materiales combustibles, poniendo madera y paja en los techos, abriendo boquetes en los cuales ponían aceite quemado, que no ardió, pero quedaron las evidencias”, especificó.

 El agricultor argumentó que durante toda la semana anterior se abocó a limpiar la zona para evitar la propagación del fuego en sus instalaciones.

“Para impedirnos el paso, los avasalladores, cortaron 25 árboles, rompieron para esto, por octava ocasión, la tranca que yo hice con troncas y tierra, y así poder pasar para poder a ayudar a mi vecino Ronald Nieme para que no entre l fuego a su propiedad”, complementó.

Este hecho puntual generó que la comisión de la ABT verificará in situ lo ocurrido, constatándose que, esto se generó de manera criminal e intencionado utilizando aceite quemado y diésel para hacer arder los horcones de la infraestructura.

“Yo creo que esto es criminal y penal por lo cual hice levantamientos con peritos para acompañar mis nuevas denuncias y que la justicia actúe, porque no sacamos nada con los desalojos y todo lo hecho legalmente, si la justicia no acta. La Fiscalía rechazó los casos y nuevamente he vuelto a demandar por hechos vandálicos hechas por pseudo comunidades. En el caso particular de mi propiedad, una de estes comunidades no tiene ni personería jurídica, pero yo denuncie a los cabecillas con nombre y apellido y cuatro fueron sentenciados, pero nuevamente están libres”, argumentó.

Por su parte, el también ganadero Juan Carlos Peredo, dueño de la propiedad La Joya, argumentó que también se suma te proceso en calidad de víctima, este fue hecho por el Ministerio Público durante el desalojo.

“Ahí están todos los nombres de las personas que se encontraron infraganti dentro de mi propiedad y que fueron desalojadas. Yo agregué a dos adicionales, que considero que son los cabecillas y presente las evidencias del caso particular de mi propiedad ante la Fiscalía. Así digo, que no sirve que se actúe con la Policía y el Ministerio Público para que hagan los desalojos. La Fiscalía debe tomar esto en serio, todas las denuncias que hacemos porque sino terminamos en cosas peores como esta”, apuntó.

El caso de Peredo fue denunciado ante el fiscal Lobo en Concepción, peo según reporta l afectado hasta ahora ninguna de las evaluaciones oculares hechas por la Policía de San Javier y la ABT han progresado.

“Es notorio que son hechos dolosos y penales, reitero, un incendio forestal puede haber, pero estos son hechos provocados, donde los perpetradores son tan miserables que no solo incendiaron, sino que se robaron la ropa d ellos trabajadores, eso no tiene nombre”, enfatizó.

Por su parte, Eduardo Negrón, asesor legal de Fegasacruz detalló que la situación legal de los dos denunciantes es que ambos predios están en proceso de saneamiento, ambos cuenta con sentencias agroambientales y constitucionales emitidas en Sucre.

“En ambos casos el Inra, no da cumplimiento a las sentencias y procede con el proceso de saneamiento, alargándolo innecesariamente ocasionando que existan avasallamientos al interior. Estas denuncias en ambos casos si fueron denunciadas ante el Inra, este si toma conocimiento y actúa, se realizó una intimación en cada predio, donde se determinó que los avasalladores seguían, posteriormente e pidió ayuda a la Policía que también ejecutó su trabajo e ingresó a ambas propiedades .El año 2022 el Ministro de Gobierno procedió a hacer el desaojo a las propiedades, Aprehenden a personas y las imputan, pero el Ministerio Público les da una sanción mínima que es de tres años, con loca ellos no entraron a la cárcel, inmediatamente lograron su libertad”, explicó.

Por tanto, estas personas, según Negrón nunca dejaron de avasallar, pues su aprehensión fue sol un hecho simbólico y nunca dejaron de avasallar, y ellos mismos son los que generaron los actuales incendios, que según la evaluación de la ABT son hechos plenamente provocados.

“Estas no son pruebas a medias, están plenamente comprobadas. Estas personas deberían esta con sentencia y aprehendidas”, acotó sobre los hechos presentados Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz.

Fuente: SCA      

Fecha: 14/09/2024