Una estructura basada en ideología política, en un marco legal a medida de organizaciones con intereses en la tierra, en malas prácticas sindicales y en la desinstitucionalización de las entidades del Estado a cargo de la administración de la tierra, ha promovido desde antes del año 2000 la toma de tierras en Bolivia.

Los últimos casos de avasallamiento en Guarayos (Santa Cruz) e Incachaca (Cochabamba) muestran que el problema está lejos de solucionarse en el país, afirma Fernando Asturizaga, asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), quien indicó que las ocupaciones ilegales de tierras se intensificaron en las últimas dos décadas.

Entre los primeros hechos de lo que se convertiría en la peor señal de inseguridad jurídica para la propiedad privada y las inversiones está lo ocurrido el año 2000, en la comunidad Soncachi Grande del municipio de Chúa, en la provincia Omasuyos, La Paz. Allí, tras repetidas “notificaciones” sin mayor reserva, el entonces Movimiento Sin Tierra (MST) irrumpió en la propiedad Posada del Inca, donde funcionaba un complejo turístico que se dedicaba a servicio gastronómico a turistas extranjeros y locales cuyo propietario en ese entonces era Wilfredo López Villamil.

María Teresa López resume la tragedia de su familia: “Los cabecillas engañaron a comunarios que no eran del lugar y los convencieron de que se trataba de un latifundio. Se metieron con el argumento de que no se cumplía la función económica social, pero lo que hicieron fue ir desmantelando  todas las instalaciones del complejo turístico y restaurante, talaron árboles milenarios y destruyeron todo hasta dejarla en ruinas. Las seis hijas que heredamos la propiedad de nuestro padre, hasta ahora llevamos 24 años luchando en un proceso en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que incluso tras emitir el informe en conclusiones e Informe de Cierre en 2016, ahora retrocedió y lo deja sin efecto”.

El abogado Asturizaga recuerda cómo la actual ola de avasallamientos germinó antes de los años 90, con varios debates alrededor de la eliminación del latifundio y sobre la necesidad de “nacionalizar” la tierra para los bolivianos. Todo ello “impulsado por organizaciones no gubernamentales cuyos miembros apoyaron de manera decidida la plataforma política del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que –para llegar al poder– se apropió del discurso contra el latifundio, la nacionalización y preservación de la tierra en el Oriente, Chaco y Amazonía del país”.

Este discurso ya establecido se tradujo en demandas que surgieron con fuerza durante los gobiernos de Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, cuyas administraciones –bajo amenaza de marchas y bloqueos– modificaron decretos y leyes, y cuando llegaron al Poder cambiaron la Constitución. Es decir, cambiaron todas las reglas para debilitar el derecho de propiedad de medianos productores y empresas agropecuarias, “todo de acuerdo a la necesidad de las organizaciones movilizadas y su instrumento político”.

“Estos grupos avanzaron muchísimo con presión social ante gobiernos débiles e indiferentes a la problemátia de la tierra”, recuerda Asturizaga al mencionar que fueron estas organizaciones las que obigaron al Gobierno del año 2000 a disminuir la superficie de la Reserva Forestal El Choré para entregársela a los campesinos.

La violencia, el arma común de las invasiones

Desde que comenzaron las tomas de tierras, en La Paz y Tarija a inicios de los 2.000, estos ilícitos se caracterizaron por su violencia, por la destrucción de haciendas y por el sacrificio de ganado de alta genética, incluso se presume que causaron muertes en las regiones de Ayo Ayo y Pananti.

Hoy, los predios avasallados fueron abandonados luego de ser saqueados o se convirtieron en canchas deportivas, sin generar empleo para la población local, indígena o campesina. María Teresa López recuerda cómo la propiedad de ella y sus cinco hermanas fue tomada y luego puesta bajo medidas precautorias (que los avasalladores no respetan) por un proceso que, de oficio, comenzó el INRA a toda el área de Soncachi Grande. “El INRA -dice la afectada- hizo que nuestra pequeña propiedad entre en un proceso de saneamiento de oficio a pesar de contar con todos los títulos y documentación en orden”. En las pericias de campo ninguna persona reclamó ni demostró tener propiedad en esa tierra. Pese a ello, el INRA declaró la propiedad en conflicto.

Como resultado, hoy el predio de las hermanas López-Villamil ya no se dedica a las labores turísticas ni mucho menos agrícolas, debido a las medidas precautorias. Incluso, la alcaldía de Achacachi construyó una cancha en medio, con fondos de “Evo Cumple”, sin importar que sea dentro de una propiedad privada. Esto solo sirvió para complicar el proceso, ya que -por más increíble que parezca- el INRA borró con el codo un informe de Cierre emitido en 2016, que sugiere se titule la superficie de 8.360 hectáreas (pequeña propiedad); y ahora argumenta que no puede devolver la propiedad a la familia López debido a que en parte de ella se construyó de forma ilegal justo el mencionado campo deportivo.

En un repaso por la documentación de otros propietarios afectados, en Santa Cruz y Cochabamba,  se puede observar testimonios de cómo sus tierras avasalladas han sido alquiladas o cultivadas por los invasores, lo cual implica contar con financiamiento, maquinaria, insumos, combustible y mercados. ¿Cómo los avasalladores consiguen todo esto? Hay muchas preguntas sin respuesta.

Sobre su caso, López afirma que “es claro que el INRA ha apoyado este avasallamiento y ha perjudicado que el proceso llegue a su fin, incluso casi perdiendo la carpeta”. Este año, en enero, su familia tuvo que exigir que se lo ponga a la vista.

“Lo más indignante es que el INRA trabajó para titular una parte del área en conflicto, pero dejó nuestra propiedad de lado pese a nuestros constantes reclamos para que se emita la Resolución Final que corresponde, sin recibir ninguna respuesta a los numerosos memoriales que presentamos, al punto que nuestro proceso parece archivado”, narra López .

Una de cal y otra de arena

Luego de iniciarse en La Paz y Tarija, el fenómeno del avasallamiento saltó a Santa Cruz, donde se apuntó a familias extranjeras o supuestamente extranjeras.

Mientras los avasallamientos en Santa Cruz se caracterizan por la ocupación de predios grandes, los que ocurren en Cochabamba responden a intereses de loteamiento para vivienda y no para producción. En ambos casos, hay una actitud permisiva de la Policía y de acuerdo a los afectados, son las mismas personas van organizando las tomas.

Esta actividad ilegal continuó, pese a la promulgación en diciembre de 2013 de la Ley 477 Contra el Avasallamiento. La norma estableció un procedimiento expedito en las vías judicial y administrativa para desalojar a los avasalladores, pero sumó otro elemento para la toma de tierras: sólo se puede titular 5.000 hectáreas por persona, por mas que cumpla función económica social (FES) en un área mayor.

Así comenzaron los avasallamientos en grandes propiedades, las cuales están en Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija.

La extensión máxima de 5.000 hectáreas se incluyó en la Constitución de 2009, norma con la que se anuló la disposición presente en anteriores constituciones referida al título ejecutorial sobre la tierra agraria que otorgaba al título ejecutorial la calidad de irrevisable y es prueba del derecho propietario pleno del que trabaja la tierra.

A partir de esa anulación, los títulos de propiedad de medianas propiedades y empresas agropecuarias se pueden revisar eternamente por la vía del saneamiento (que ya está concluyendo), con un proceso de reversión, con un proceso de monitoreo ambiental, con un proceso de expropiación o con una declaratoria de área protegida.

“A pesar de todo el vía crucis que estamos pasando, ni a mis hermanas ni a mí se nos ha pasado por la mente desistir en nuestra demanda, seguiremos luchando por la propiedad y porque en nuestro país se cumpla el Estado de Derecho”, indica María Teresa. Ella y sus hermanas no han dejado de pagar los impuestos por la propiedad durante los 24 años.

Además de un discurso ideológico que caló sobre todo en el occidente del país, “se ha construido todo un esquema jurídico para que el productor mediano o empresario no tenga nunca certeza de su derecho propietario, aunque tenga un título de propiedad”, subraya Fernando Asturizaga.

Para el experto, para que se dé una reversión de este esquema es necesaria una reforma constitucional y legal, que comience por la aprobación de medidas -por parte del Gobierno- que eviten que cualquier incumplimiento tenga como única y última sanción la reversión de la tierra. Esta medida es urgente, porque gran parte del sistema alimentario del país está afincado en la mediana y la gran propiedad o propiedad empresarial, que es donde se introdujo con mayor fuerza la rotacion de cutivos, la siembra directa, la erradicación de la quema del sistema productivo y las buenas prácticas agrícolas.

“Si como Estado no vas a preservar ese patrimonio que te genera alimentación, exportaciones y la canasta familiar más barata de América Latina, entonces tu objetivo es otro”, subraya.

La influencia sindical

En la actualidad, las comunidades y hasta muchos barrios en algunas localidades del área rural se manejan a través de una estructura sindical, con discresionalidad en la administración interna de la tierra, de tal modo que se expulsa a quién no está de acuerdo con ciertas decisiones del sindicato, o se asignan predios de manera arbitraria en favor de los “cercanos” de la autoridad comunitaria.

Por ello, muchos migrantes del interior del país llegaron a Santa Cruz “escapando” de esta forma de administración de la tierra y de la obligación de permanecer en comunidad. “Y por ello, en líneas generales, no vinieron a conformar propiedades colectivas sino individuales; lo cual se ha convertido en un pilar fundamental del modelo productivo cruceño”, indica Asturizaga.

Estos sindicatos, incluso, por alianza política con las Alcaldías son capaces de frenar una transacción en la propiedad de la tierra, con el argumento de que su anterior propietario “no pagó sus aportes sindicales”.

La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, asimismo, permite que cualquier persona pueda cuestionar el derecho propietario y denunciar a un productor por incumplir la FES al cabo de dos años de recibir su título de propiedad. “Esto evidentemente sirve como argumento para la toma de tierras”, comenta el experto. A esto debe añadirse que las tomas ocurren antes de que el Estado verifique la pertinencia de la denuncia.

Otro factor a tomar en cuenta es la desinstitucionalización de las entidades como el INRA y la ABT, cuyas máximas autoridades no son elegidas conforme a ley desde hace más de 20 años. Esto promueve la elección por favoritismo político, sin cualificar méritos profesionales, al extremo que el INRA estuvo dirigido por una persona sin título profesional, pero supuestamente avalado por organizaciones sociales.

Fuente: Anapo

Fecha: 03-08-2024