Coincidiendo con las fiestas patrias, Eulogio Núñez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que el proceso de saneamiento de tierras llegó a un 93% a escala nacional y que, hasta el 2025, se estima culminar el 100% de la titulación.
“Esto deja sólo un 7% pendiente de regularización”, declaró a la estatal Bolivia TV.
Núñez enfatizó que ahora el 55% de las tierras están en manos del sector campesino y originario, mientras que el sector empresarial posee el 16%, lo que representa una estructura “más democrática y equitativa”.
Según el matutino El Deber, el funcionario sostuvo que en total se han regularizado aproximadamente 7,3 millones de hectáreas, beneficiando a 356.000 personas, incluyendo a pequeños productores, comunidades y territorios indígenas.
Núñez también se refirió a la dotación irregular de tierras durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. De forma específica se refirió el caso de la familia Marinkovic, que se habría beneficiado con la asignación de tierra fiscal de manera irregular. Detalló que el INRA ha iniciado procesos legales para revisar y revertir estas acciones, y actualmente hay 52 predios en disputa que suman 270.000 hectáreas.
Consultado al respecto, Fernando Asturizaga, asesor jurídico de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), asumió que este saneamiento cifrado por el INRA en un 93% es un dato muy importante, pese a que el proceso que debió haberse ejecutado en diez años concluirá casi treinta años después.
“Esta buena noticia nos trae como sector productivo otras preocupaciones, por ejemplo, si el 92 o 93% de la tierra saneada ya estará titulada durante esta gestión de Gobierno, en el segmento de mediana propiedad agropecuaria no ha recibido ni resoluciones finales, ni títulos firmados por el actual Presidente”, dijo.
Sin embargo, Asturizaga mantiene la esperanza de que estos títulos serán firmados finalmente. También puntualizó que sigue siendo de preocupación para el sector productivo que una propiedad titulada esté sujeta a la revisión cada dos años.
“Los daños que han producido los cambios climáticos primero de inundaciones, y ahora de una profunda sequía han determinado que muchos productores no hayan podido sembrar, y en consecuencia de ello, ante una visita del INRA se crea que el predio no está cumpliendo con su Función Económica Social (FES) y por tanto podrían ser objeto de reversión”, explicó.
El entrevistado aseguró que este elemento debe ser evaluado por el Gobierno Nacional para proteger al sector productivo, y la forma de hacerlo es que el título de propiedad sea realmente eso, un título de propiedad, que no sea objeto de revisión cada dos años, ni esté sujeta a avatares políticos como el que determina que el Viceministerio de Tierras pueda impugnar una resolución firmada por el Presidente del Estado.
Finalmente apuntó, que a este asunto de la titulación se lo debe reforzar con la certeza jurídica al productor desalojando los predios que han sido objeto de avasallamientos.
Fuente: Prensa SCA
Periodista: Luis E. Reyes Ortiz Mérida.
Fecha: 08/08/2024
