El sector de los transportistas de combustible, conocidos como ‘cisterneros’, se declaró en emergencia, ante la persistente falta de provisión de carburantes y los problemas de liquidez de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para pagar a proveedores. La crisis, que ya lleva varias semanas, afecta directamente a unas 52 empresas, que agrupan a cerca de 2.500 camiones cisterna encargados de transportar carburantes desde el exterior hasta Bolivia.
Maicol Montaño, dirigente de este sector, expresó su profunda preocupación durante la reunión de emergencia convocada por el Comité pro Santa Cruz, donde se analizaron las consecuencias del desabastecimiento.
Montaño denunció que hay al menos 300 camiones cisternas parados dentro de las plantas de la estatal YPFB, esperando autorización para descargar, mientras otras unidades permanecen detenidas en Paraguay y Argentina sin poder cargar el combustible destinado al mercado interno.
“Llevamos meses sin poder trabajar con normalidad. Nuestros camiones están parados y eso pone en peligro nuestras empresas, nuestras inversiones y las deudas que tenemos con los bancos. No hemos recibido una respuesta clara de YPFB, solo explicaciones sobre sus problemas internos, pero mientras tanto nosotros nos vamos hundiendo cada día”, explicó Montaño.
Emergencia y riesgo de quiebra
El dirigente advirtió que esta situación golpea directamente la estabilidad financiera de las empresas transportistas, que dependen del servicio que prestan a YPFB. Muchas de estas compañías han adquirido sus camiones a crédito, y la falta de trabajo afecta el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
“Estamos muy preocupados, porque esta crisis nos arrastra al borde de la quiebra. Si no hay una solución inmediata, nuestras empresas podrían desaparecer”, alertó Montaño, quien confirmó que el sector evaluará sumarse a posibles medidas de presión que decidan otros sectores afectados por la escasez de carburantes.
Crisis de abastecimiento
La falta de combustible ha generado largas filas en surtidores de todo el país desde finales de febrero, situación que afecta no solo al transporte y a la población en general, sino también al sector productivo, que depende del diésel para la cosecha de granos.
La reunión convocada por el Comité pro Santa Cruz incluyó a representantes de las 15 provincias cruceñas y de sectores productivos, quienes coincidieron en la necesidad de exigir soluciones inmediatas al Gobierno.
El problema de fondo, según fuentes oficiales, radica en las dificultades de YPFB para asegurar el pago a proveedores internacionales, debido a la falta de liquidez de la estatal petrolera.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reconoció que el Gobierno enfrenta problemas de flujo financiero porque, además de pagar la deuda externa, tiene bloqueado el acceso a créditos internacionales por decisiones políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Estamos haciendo las gestiones necesarias para garantizar el pago de los combustibles, pero seguimos pagando deuda externa y, al mismo tiempo, enfrentamos un bloqueo político que nos impide acceder a 1.600 millones de dólares en créditos externos”, afirmó Alcón.
Datos oficiales indican que más del 50% de la gasolina y el 86% del diésel consumido en el país son importados, y cada semana el Estado desembolsa cerca de 56 millones de dólares para subvencionar estos productos.
Mientras el Gobierno busca para normalizar la provisión de carburantes, los “cisterneros” siguen a la espera de respuestas concretas que les permitan retomar su trabajo. “Sin combustible, no hay trabajo. Sin trabajo, nuestras empresas desaparecen. Y si nosotros caemos, se agrava aún más la crisis de abastecimiento”, advirtió Montaño.
Fuente: El Deber
Sección: Economía
Fecha: 08/03/2025
