Los sectores de la cadena productiva que rechazan la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 vieron que suspender hasta nuevo aviso esta normativa “es una jugada” del Gobierno y que el único camino es la derogación de la polémica disposición.
Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), recordó que el comité multisectorial presentó, a través de la Cámara Nacional de Industrial (CNI), un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para derogar la norma.
“La única salida es la derogación, que es lo que exigimos como sectores; por eso hemos presentado el proyecto de ley con un artículo único, que es la derogación de la cláusula séptima. (La pausa) es una jugada más del Gobierno”, dijo Frerking.
En esta jornada, y tras sostener una reunión con autoridades estatales, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, informó que se acordó suspender la disposición adicional, hasta que no se solucione la problemática de la especulación, contrabando, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.
Con respecto a esto, Frerking recordó que la CEPB no participó en ninguno de los ampliados nacionales de los sectores que conforman la cadena productiva.
“Entonces yo les pregunto ¿cómo una ley se pone en pausa?”, cuestionó el productor.
Por su parte, Edgar Alvarez, dirigente gremial, ve “una mala intención” de parte del Gobierno en realizar este tipo de reuniones.
“Lo han venido haciendo, jugando e inventándose reuniones con terceras personas. Lo han hecho con confederaciones gremiales que son afines (a ellos) y que siempre salen a decir que todo está bien; pero no (se reúnen) con los sectores que están movilizados”, indicó Álvarez.
Desde la Cainco
A través de sus redes sociales, el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo dio a conocer su postura con respecto a esta situación; apoya la abrogación.
«Llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva», escribió.
Antelo agregó: «La cadena productiva está cansada de estar en el banquillo de los acusados, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en su propio país. No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país».
Fuente: El Deber
Sección: Economía
Fecha: 13/02/2025
