DENUNCIA.- El presidente de la Federación de Productores de Algodón (FEDEPA), Jesús Arce, denunció ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz graves irregularidades, presunta malversación de fondos y mala gestión en el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones, ejecutado durante el gobierno de Luis Arce Catacora. El sector advierte que la crisis amenaza con la desaparición de la producción algodonera en Bolivia.
Denuncias contra el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones
El sector algodonero boliviano atraviesa una de sus crisis más profundas. El presidente de la Federación de Productores de Algodón (FEDEPA), Jesús Arce, denunció este lunes en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz una serie de presuntas irregularidades en la ejecución del Programa Nacional de Apoyo al Fortalecimiento de Algodones de Bolivia, creado mediante el Decreto Supremo 4632 y vigente entre 2022 y 2025.
Según FEDEPA, el programa —que contaba con un presupuesto superior a los Bs 121 millones— presenta indicios de ineficiencia, mala gestión administrativa y posible daño económico al Estado, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sector algodonero nacional.
Planta desmotadora paralizada y presunto daño económico
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la planta desmotadora de algodón, adjudicada por un monto aproximado de Bs 37 millones. De acuerdo con Arce, la obra se encuentra paralizada por conflictos judiciales, pese a que los informes oficiales reportan un 65% de avance físico.
Sin embargo, inspecciones oculares realizadas por productores y especialistas del sector evidencian que la infraestructura no supera el 30% de ejecución real, mientras que el avance financiero alcanza el 88%, lo que podría representar un daño económico superior a Bs 15 millones.
Recursos no ejecutados y denuncias de favoritismo político
FEDEPA también denunció que el entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del IPDSA (Soberanía Alimentaria) y el INIAF, dejó de ejecutar alrededor de Bs 30 millones destinados a la producción y apertura de mercados, recursos que habrían sido revertidos por incapacidad de gestión institucional.
Asimismo, el sector acusó que parte de los recursos del programa fueron utilizados para beneficiar selectivamente a sectores afines al Gobierno, mediante la entrega de maquinaria, insumos y agroquímicos a organizaciones que —según los productores— no forman parte de la cadena algodonera.
Compra irregular de algodón hidrófilo por la CNS
Como segundo eje de denuncia, FEDEPA cuestionó la compra de 20 toneladas de algodón hidrófilo importado desde Brasil por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS), pese a la impugnación presentada por la empresa boliviana Premier Protex SRL.
Según el sector, esta adquisición vulnera la Constitución Política del Estado (artículos 41, 318 y 320) y la Ley 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, generando un daño económico directo a productores y a al menos cuatro empresas nacionales procesadoras, sin que hasta la fecha se hayan iniciado procesos administrativos, civiles o penales.
Crisis estructural de la empresa estatal SENATEX
La tercera denuncia se centra en la situación de la empresa estatal SENATEX, heredera de la antigua Ametex (American Textile), que en el pasado generaba más de 4.000 empleos directos y exportaba más de 4 millones de dólares mensuales.
Actualmente, SENATEX enfrenta deudas salariales, servicios básicos impagos, patrimonio negativo, conflictos legales por la propiedad de sus plantas y un endeudamiento que supera los Bs 320 millones, configurando —según FEDEPA— un quebranto institucional que afecta directamente a la cadena textil y algodonera.
Algodón sin mercado y riesgo de desaparición del sector
FEDEPA alertó que existen 3.500 fardos de algodón sin mercado, lo que impide el acceso a financiamiento para la campaña agrícola 2026. “Si no se abre mercado, no se volverá a sembrar algodón y el sector desaparecerá”, advirtió Jesús Arce, señalando que actualmente solo unos 60 productores continúan activos en Santa Cruz.
Fundamento legal y peticiones a la Brigada Parlamentaria
El pronunciamiento se sustenta en el artículo 241 de la Constitución Política del Estado, referido al control social. Entre las principales peticiones se encuentran:
- Apertura inmediata de una investigación parlamentaria
- Auditoría externa e integral al programa del Decreto Supremo 4632, a la CNS y a SENATEX
- Remisión de antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado
- Inicio de procesos administrativos, civiles y penales contra los responsables
- Remoción del director de SENATEX
- Medidas urgentes para la reactivación productiva del sector algodonero
Exdiputada María José Salazar respalda la denuncia
La exdiputada María José Salazar recordó que estas irregularidades ya fueron denunciadas en 2022 y 2023, sin obtener respuestas institucionales. Anunció que las nuevas denuncias serán formalizadas ante la Contraloría General del Estado, advirtiendo que existiría responsabilidad penal de exautoridades de los ministerios de Desarrollo Rural, Salud y Obras Públicas.
Contraste con el discurso oficial del programa algodonero
De acuerdo con información oficial, el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones reporta avances como el incremento del 59% en la superficie cultivada, el beneficio a 1.200 familias en 19 municipios de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, el uso de semillas mejoradas como la variedad Mandiyuti, la declaratoria de Bolivia como país libre del picudo algodonero y la articulación con la FAO en el marco del proyecto +Algodón Bolivia.
No obstante, FEDEPA sostiene que estos resultados no se reflejan en la realidad productiva actual ni en el acceso a mercados.
Conclusión: sector en estado crítico
FEDEPA concluye que el sector algodonero boliviano se encuentra en una situación de vulnerabilidad estructural, y advierte que la falta de intervención inmediata del Estado compromete la soberanía productiva, el empleo rural y la seguridad económica de miles de familias vinculadas a la cadena textil.
La federación alertó que la omisión de acciones por parte de las autoridades podría configurar incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Fuente: NUEVA PRESENCIA
