Productores del norte cruceño y del Chaco denuncian que la empresa agroindustrial Río Pilcomayo incumple pagos de más de 6.000 toneladas de soya. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció que actuará como veedora y solicitará la reapertura de las acciones penales.
Un contingente de más de 100 pequeños y medianos productores de soya provenientes del norte integrado de Santa Cruz (San Pedro, Los Andes, Santa Rosa del Sara, Obispo Santistevan, entre otras poblaciones) y del Chaco cruceño se apersonaron a las instalaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para solicitar apoyo legal y control social. Los agricultores denuncian haber sido víctimas de una estafa agravada por parte de la empresa agroindustrial Río Pilcomayo (Silos Pilcomayo), cuyo perjuicio económico asciende a más de 50 millones de bolivianos (alrededor de 7 millones de dólares estadounidenses) por el impago de más de 6.000 toneladas de grano.
Modus Operandi de la Empresa
De acuerdo con los testimonios expuestos en la conferencia de prensa junto a Klaus Frerking, presidente de la CAO y la defensa legal de los afectados, la empresa captaba a los productores a través de redes sociales y ofertas directas ofreciendo precios por encima de los valores habituales del mercado (hasta $us 30 por tonelada por sobre competidores como Inolsa, Rico o Cargill). Además, la empresa prometía liquidar los pagos en un plazo de dos semanas. Sin embargo, una vez entregada la soya en los silos de la firma —la cual procesa harina y aceite crudo de soya para exportación hacia el Perú—, los agricultores recibían pagos parciales mínimos de $us 2.000 a $us 3.000, tras lo cual la administración de la empresa cortaba comunicación.
El principal denunciado como presunto propietario y operador de esta red es un ciudadano de nacionalidad argentina identificado como Pablo Daniel Ares, a quien los afectados señalan de operar la empresa mediante estructuras que dificultan la cobranza legal.
Testimonios de los Afectados
Durante la presentación de las boletas y comprobantes originales de entrega de grano, los productores expresaron el profundo impacto económico y psicológico que atraviesan:
- Ronald Estrada (productor del Chaco): Declaró que la empresa le adeuda montos desde la gestión 2024 acumulando múltiples boletas sin cancelar. «Hemos acudido a varios procesos pero nos han rechazado todo. Fui muchas veces a la empresa y solo ponían excusas», indicó.
- Teodora Ortiz (productora de Santa Rosa del Sara): Reveló que lleva más de un año exigiendo la cancelación de sus boletas. «Soy viuda y humilde, ¿cómo me van a engañar así? Todos los días camino llorando. Debemos dinero de herbicidas y de insumos, no nos dejan vivir tranquilos en la casa. Nos están quitando tierras por no poder pagar», manifestó entre lágrimas.
- Intermediarios y pequeños agricultores: Representantes del sector como el intermediario Íber Yamani Eraso Rivero explicaron que la mayoría de los afectados poseen parcelas pequeñas (de 20 a 70 hectáreas) sin margen de liquidez o respaldo financiero para soportar pérdidas de esta magnitud, lo que ha provocado severos cuadros de estrés y deudas pendientes con proveedores de agroquímicos, diésel y maquinaria.
Respaldo e Intervención de la CAO
Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ratificó el compromiso de la institución para acompañar de forma implacable la demanda de los agricultores:
«Estamos aquí para escuchar a más de 100 productores afectados del norte cruceño. Vamos a ser implacables y firmes para ayudarlos hasta donde tengamos que llegar para que recuperen todo su esfuerzo y los miles de toneladas de soya entregadas. Exigimos al nuevo Fiscal Departamental de Santa Cruz, Dr. Jimmy López, y a las autoridades judiciales de Montero que tomen cartas en el asunto y actúen con transparencia. La CAO se personará como veedora y ejercerá control social sobre fiscales y jueces», aseveró.
Asimismo, la CAO advirtió que existen reportes sobre al menos dos empresas adicionales que estarían incurriendo en esquemas similares contra productores de la región.
Acciones Legales y Exigencias al Ministerio Público
El equipo jurídico que representa a las víctimas, integrado por los abogados Gabriel Costas, Steven Heredia, Richard Leaños y Elizabeth Aramayo, informó que tras el rechazo inicial de las denuncias en la Fiscalía de Montero y la ratificación del rechazo en objeción por parte del anterior fiscal departamental, se procederá a impulsar la reapertura del caso e interponer nuevas acciones penales por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples.
Los juristas hicieron un enfático llamado de atención sobre la actuación de las autoridades fiscales en los municipios de Montero y Minero, exigiendo que cese la indefensión de las familias campesinas y que el Ministerio Público aplique de manera rigurosa las sanciones tipificadas en el Código Penal boliviano contra los responsables.
Fuente: SCA
