El transporte pesado internacional señala que debe abastecerse en Chile, Perú y Brasil para mantener sus viajes. El sector plantea liberar de impuestos la importación privada de carburantes como alternativa ante las dificultades de suministro.
La falta de diésel en Bolivia está obligando a transportistas de carga internacional a abastecerse en países vecinos, donde el combustible puede costar casi el doble que en el mercado boliviano. El dirigente del transporte pesado Marcelo Cruz afirmó que los conductores que realizan rutas internacionales recurren a estaciones de servicio de Chile, Perú y Brasil y que, en el caso chileno, el litro puede llegar a costar entre 15 y 17 bolivianos cuando se adquiere con factura.
“Gran parte de los transportistas que están saliendo fuera de las fronteras compran combustible en Chile, en Perú, en Brasil, para poder tener una continuidad de trabajo”, afirmó Cruz en el programa Otra Noche de EL DEBER.
Según el dirigente, el precio que pagan los transportistas en el exterior varía de acuerdo con las condiciones de comercialización y el tipo de cambio. Señaló que el combustible en Chile puede encontrarse entre 15 y 17 bolivianos por litro, con factura, mientras que sin factura, según su referencia, estaría entre 12,50 y 13 bolivianos.
Estos valores corresponden a las cifras proporcionadas por el dirigente y deben ser contrastados con las cotizaciones vigentes y las condiciones específicas de venta en cada país.
El costo de evitar una parada
El problema para los transportistas no se limita al precio que pagan por el combustible. Cruz explicó que las dificultades de abastecimiento dentro de Bolivia están alterando los tiempos de los viajes internacionales.
Un camión que sale desde Santa Cruz hacia Chile o Perú puede tardar hasta un mes en completar un recorrido, según el dirigente, debido a las esperas para cargar combustible en diferentes puntos del trayecto.
“Un viaje para el transporte pesado internacional es totalmente insuficiente para poder cubrir todas las obligaciones”, sostuvo.
A las esperas en los surtidores se suman los costos de combustible adquiridos en el exterior, los salarios de los conductores, las obligaciones tributarias y los gastos propios de cada viaje. El resultado, según Cruz, es una menor rotación de las unidades y un incremento del costo de transportar mercancías.
El dirigente afirmó que el transporte pesado lleva 53 días afectado por esta situación y que las dificultades alcanzan tanto a las principales ciudades como a provincias y zonas fronterizas.
Una crisis que sigue pese a los anuncios de abastecimiento
La situación ocurre mientras el Gobierno asegura que trabaja para normalizar el suministro. YPFB informó recientemente que tenía programados despachos de combustible para distintos departamentos y que se ejecutaban operaciones para incrementar la disponibilidad de diésel.
La estatal también informó a finales de julio sobre la descarga de unos 48 millones de litros de combustible en la terminal marítima de Sica Sica, en Arica, para su posterior traslado a Bolivia. En esa oportunidad, YPFB atribuyó el retraso a dificultades logísticas relacionadas con las condiciones de marea.
Sin embargo, las filas y los problemas de distribución continúan siendo denunciados por sectores del transporte. Un reporte de la Defensoría del Pueblo elaborado tras verificaciones realizadas en junio identificó dificultades de abastecimiento y recomendó a YPFB mejorar la distribución y transparentar los criterios de asignación de volúmenes a las estaciones de servicio.
El Gobierno, por su parte, ha rechazado que la situación se deba principalmente a una falta de recursos para importar carburantes y atribuye las dificultades a problemas logísticos en la cadena de abastecimiento.
Transportistas piden abrir la importación
Ante este escenario, Cruz plantea que el sector privado tenga mayores facilidades para importar y comercializar combustibles.
La propuesta contempla una “real libertad de importación” y la reducción o eliminación de determinadas cargas tributarias. El dirigente sostiene que los impuestos pueden representar alrededor del 30% del costo del combustible importado y que su eliminación permitiría que operadores privados ingresen carburantes a precios más competitivos.
La idea, según Cruz, es que los privados que tengan acceso a dólares puedan importar directamente y vender el producto en el mercado nacional, tomando como referencia los precios internacionales.
“Que el privado que tenga la posibilidad de tener dólares pueda hacer una importación directa, pueda comercializar y que el precio final sea competitivo”, afirmó.
El planteamiento busca incorporar una fuente adicional de abastecimiento frente a las dificultades que actualmente enfrenta la cadena estatal. Sin embargo, su aplicación implicaría definir condiciones tributarias, regulatorias y de comercialización para determinar si el combustible importado puede competir efectivamente con el producto distribuido por el Estado.
El sobrecosto termina en la economía
Cruz sostiene que el mayor costo del combustible no queda únicamente en el transporte. Al elevarse el costo de movilizar mercancías, el efecto puede trasladarse progresivamente a productores, comerciantes y consumidores.
“El precio final de cualquier producto, sea de producción o sea importado, está sufriendo una elevación”, afirmó.
El dirigente atribuyó la crisis a un problema estructural de acceso a divisas y cuestionó que se explique únicamente por dificultades logísticas. Esa interpretación, sin embargo, contrasta con la posición del Gobierno, que sostiene que el actual problema de abastecimiento tiene un componente principalmente logístico.
Para el transporte pesado, la consecuencia inmediata es concreta: ante la falta de combustible disponible en Bolivia, los camiones que necesitan continuar sus rutas internacionales deben comprar diésel más caro fuera del país. Ese sobrecosto se suma a las demoras y a la menor rotación de las unidades, presionando los costos de toda la cadena de transporte.
Fuente: EL DEBER
