Una ardua batalla legal y de persistencia comienza a dar frutos para decenas de agricultores y intermediarios de grano que sufrieron estafas por parte de la empresa Río Pilcomayo (ubicada en la zona de Saavedra). Tras meses de peregrinaje judicial y promesas incumplidas, la justicia ejecutó un mandamiento de secuestro, allanamiento y embargo sobre maquinaria pesada de la compañía, el mismo fue ejecutado por los abogados defensores de los productores, Stevens Heredia y Richard Leaños el pasado 23 de octubre como una acción civil coactiva.
El modus operandi: Promesas falsas y evasión
Si bien esta acción solo se ejecutó en favor del productor Íber Yamani Eraso Rivero. El caso en total afecta a una red estimada de más de 50 productores y comercializadores —llegando a calcularse cerca de 100 afectados en total— que confiaron su producción de granos (principalmente soya, además de maíz y sorgo) a la agroindustrial, de manera directa, sin intermediarios.
De acuerdo con el relato de los afectados, la empresa operaba bajo un esquema recurrente:
- Ofertas atractivas: Captaban la materia prima ofreciendo buenos precios en el mercado.
- Plazos falsos: Prometían honrar los pagos en un plazo de dos semanas.
- Desaparición y silencio: Una vez entregado el grano, los pagos parciales eran mínimos o nulos, y los representantes de la empresa cortaban todo tipo de comunicación, dejando de contestar llamadas y bloqueando a los productores.
La acción judicial y el embargo de maquinaria
Uno de los abogados representante del sector, Richard Leaños, explicó que este proceso se enmarca en la vía civil coactiva para exigir el cumplimiento de las deudas y la recuperación del capital adeudado.
Como parte de las medidas cautelares, se solicitó el secuestro de bienes de la empresa, incluyendo granos de soya y harina. Durante el operativo ejecutado por la autoridad judicial competente —la jueza pública comercial N° 24 de Santa Cruz, Dra. Judith Castellón, en conjunto con una comisión instruida y la Oficialía de Diligencias de Montero— se logró interceptar e incautar dos líneas de maquinaria agrícola de la empresa. No obstante, durante la intervención no se encontraron reservas de soya ni aceite en las instalaciones.
“Bajo este proceso se ha podido lograr esta medida cautelar. El proceso va a seguir, va a llegar a una sentencia y luego la jueza determinará si esa maquinaria pasa a manos de mi cliente o va a remate”, señaló el abogado Leaños.
El drama humano: Familias afectadas y un llamado a las autoridades
Uno de los principales rostros visibles de los afectados es el productor e intermediario Íber Yamani Eraso Rivero, quien entregó grandes volúmenes de soya a la agroindustrial el año pasado bajo la promesa de un pago rápido que nunca se concretó. Su deuda personal asciende a más de 2.5 millones de bolivianos.
«Yo soy uno de los múltiples víctimas (…) confían en una empresa y esta empresa abusivamente ya no les paga y tampoco contesta el teléfono. Hay familias destruidas a consecuencia de la deuda que acarreó y que desgraciadamente cayó con esta empresa», lamentó Eraso Rivero, haciendo un llamado urgente a las autoridades competentes para que presten atención a la lentitud de los procesos judiciales que, en muchos casos, dilatan la justicia por más de un año.
Próximos pasos legales
Los damnificados, organizados y respaldados por sus asesores jurídicos, preparan nuevas acciones y reuniones masivas para coordinar el seguimiento de los procesos. En el plano legal, los afectados buscarán avanzar hacia las audiencias definitivas que permitan el remate o la adjudicación formal de la maquinaria retenida para resarcir, en la medida de lo posible, los cuantiosos daños económicos sufridos. Paralelamente, se evalúa abrir vías penales contra los socios y responsables directos de la firma agroindustrial.
Fuente: SCA
