El sector privado alerta de una pérdida económica que contraerá el PIB en más del 5%. Hay tensiones en este cuarto intermedio; Lupo se molesta por las exigencias de la COB y Argollo le reclama por sus declaraciones, pide no entorpecer las negociaciones.
El diálogo está en pausa. Desde que se instaló hace dos días no mostró avances ni retrocesos, pero tampoco una ruptura formal. El presidente Rodrigo Paz afirmó ayer que las conversaciones se desarrollan “de buena manera”, aunque no existen acuerdos visibles porque la mesa con la Central Obrera Boliviana (COB) no volvió a reunirse. Mientras, los campesinos de La Paz muestran señales de división y las pérdidas siguen acumulándose en buena parte del territorio. Así llegó Bolivia al día 50 de conflicto.
En ese contexto, el dirigente máximo de la COB, Mario Argollo, exigió una amnistía para todas las personas detenidas y procesadas por hechos violentos ocurridos durante la protesta y, por su lado, el Ejecutivo condicionó la continuidad de las conversaciones al levantamiento de todos los bloqueos. Al final de la jornada de ayer la COB no instruyó la liberación de las carreteras y el Gobierno no retiró los procesos contra los detenidos porque este tema estaba siendo analizada en el ámbito jurídico, según reveló el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista en el programa Otra Noche de la periodista Sissí Áñez del grupo EL DEBER.
Mientras tanto, el impacto de la extendida protesta con bloqueos impacta a sectores público y privado. Según estimaciones empresariales, el conflicto podría contraer al menos 5% el Producto Interno Bruto (PIB) de este año. Solo la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) calculó que las pérdidas acumuladas bordean los $us 2.700 millones, mientras que los sectores productivos sumaban otros millones de dólares en pérdidas.
Pero, la principal coincidencia entre el Gobierno y la COB es la disposición de mantener el diálogo. Lupo destacó que las conversaciones fueron posibles porque la dirigencia sindical retiró de su discurso la exigencia de renuncia del presidente Paz. “Claramente eso estaba reñido con la democracia y no era posible entablar ningún tipo de diálogo”, afirmó. Sin embargo, rechazó el pedido de liberar de responsabilidad a todos los procesados por actos violentos y cuestionó la pretensión de que cualquier decreto o ley sea consultado previamente con la COB. “No se va a cogobernar con nadie. Si alguna organización como la COB pretende normar de esa manera, tiene que someterse a elecciones”, sostuvo Lupo. Sus declaraciones molestaron a Argollo, quien aseguró que la organización sindical no pretende compartir el poder.
“No queremos cogobernar”, respondió. A su juicio, esas declaraciones buscan “echar leña al fuego” y “entorpecer la negociación”. Informó, además, que abogados de la COB y fiscales revisan los casos de los procesados.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, en los 50 días de protestas fueron arrestadas unas 360 personas. La mayoría recuperó su libertad, pero 103 continúan procesadas o con detención preventiva en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.
Algunos detenidos se acogieron a procedimientos abreviados, recibieron condenas de tres años de prisión y luego solicitaron el perdón judicial para evitar su ingreso a un penal.
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron rechazos a la condición planteada por Argollo. El presidente del Senado, Diego Ávila, señaló a EL DEBER que quienes cometieron delitos durante las movilizaciones deben responder ante la Justicia.
El diputado Édgar Zegarra, de Libre, ratificó la denuncia penal contra Argollo y otros representantes, entre ellos el senador Nilton Condori y dirigentes de la Federación Túpac Katari. “Señor Argollo, no voy a descansar hasta meterlo a la cárcel, se lo digo de frente, y a todos los que han bloqueado y han traído luto y dolor a este pueblo. Nosotros no vamos a retroceder”, advirtió Zegarra.
Hasta el cierre de esta edición, los equipos jurídicos de la COB y el Gobierno seguían trabajando, mientras entre los campesinos de La Paz se intentaba llamar a las bases para acordar una decisión.
Fuente: El Deber
