El Decreto Supremo 5225 no incluye restricciones para el desmonte y el aprovechamiento forestal, dos actividades que están arrasando con los bosques del Chaco para la producción de carbón

En respuesta a los devastadores incendios que afectan a diversas regiones del país, el Gobierno boliviano ha declarado una pausa ambiental indefinida, respaldada por el Decreto Supremo 5225. Sin embargo, la implementación de esta pausa ambiental ha desatado críticas desde la Plataforma Ambiental Villa Montes, que ha expresado su descontento, señalando que esta medida, aunque bien intencionada, no aborda los problemas específicos que enfrenta la región chaqueña, vinculados al desmonte y la industria del carbón.

Cabe mencionar que la medida implementada desde el Gobierno busca detener las autorizaciones de quemas controladas y declarar “no disponibles” las tierras fiscales afectadas durante cinco años, con el fin de permitir su restauración. Además, se ha enviado al Legislativo un proyecto de ley que propone endurecer las penas de cárcel, hasta 12 años, para quienes inicien incendios en áreas protegidas, bosques y otras zonas vulnerables.

La deforestación no se detiene

Según la representante de la Plataforma, Ludmila Pizarro, el Decreto no incluye restricciones para el desmonte y el aprovechamiento forestal, dos actividades que están arrasando con los bosques de la región para la producción de carbón.

Pizarro indica que el problema en el Chaco no son las quemas controladas, sino los desmontes masivos que se llevan a cabo para obtener leña destinada a la producción de carbón vegetal. Refirió que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en el Chaco no autoriza quemas controladas, solo desmontes y aprovechamiento forestal, por lo que advierte que la pausa ambiental, tal como está planteada, beneficiaría principalmente a las regiones del oriente boliviano, donde los incendios y las quemas controladas son una práctica común.

La situación en el Chaco es diferente, ya que la actividad extractiva se ha centrado en la tala de árboles para la producción de carbón, un recurso energético demandado en el mercado nacional e internacional. Esta actividad no solo agrava el problema de la deforestación, sino que también contribuye al cambio climático y a la pérdida acelerada de fauna silvestre.

La observación de Pizarro pasa por el hecho que el Decreto, en su forma actual, no tiene ningún impacto positivo en el Chaco, ya que seguirán los desmontes y el uso de la leña para producir carbón.

Desde la Plataforma Ambiental Villa Montes sostienen que la deforestación en el Chaco está estrechamente vinculada a la falta de fiscalización efectiva de las actividades de desmonte y al uso indiscriminado de los recursos forestales. Apuntan que las leyes y decretos ambientales deben tener un enfoque más amplio que incluya todas las actividades que afectan a los ecosistemas, no solo las quemas.

Cabe recordar que producto de los incendios registrados en departamentos como Beni, Pando, Santa Cruz y La Paz, una densa humareda cubrió el cielo en todo el territorio nacional, incluso afectando a países como Argentina y Brasil.

El director departamental de la ABT, Emilio Tejerina, confirmó que la pausa ambiental establecida desde el Gobierno es solamente para el tema de las quemas controladas, más no para los desmontes.

Tejerina indicó que la ABT aún tiene la facultad de autorizar desmontes. Sin embrago, no descartó que con la reglamentación del DS 5225 se emitan algunas directrices a detalle.

“Ahorita están prohibidas las quemas, y si ven en algún lugar que están realizando algún tipo de quema, de seguro que es ilegal. Nosotros llamamos a la reflexión y pedimos a la población que adopte ese derecho de ejercer control social, podemos denunciar, será una denuncia anónima, de eso pierdan cuidado que vamos a reservar el nombre, así nosotros nos podamos apersonar a los diferentes lugares”, apuntó.

El titular de la ABT mencionó que en el Chaco se tienen actualmente 12 empresas habilitadas para operar con la industria del carbón, de estas, seis están situadas en el municipio de Villa Montes y seis en Yacuiba.

“Las empresas que están registradas para la elaboración del carbón, deben tener un plan de desmonte aprobado, no es que cualquiera puede venir y decir que quiere habilitarse. Hay una reglamentación, una normativa y una serie de requisitos que se debe cumplir”, expuso.

Fuente: El País 

Sección: Economía 

Fecha: 19/09/2024