El Estado boliviano no brinda las garantías necesarias y suficientes para la inversión en el sector agropecuario y una muestra de ello son los constantes avasallamientos a propiedades productivas.

El Estado boliviano no brinda las garantías adecuadas para la inversión en el sector agropecuario, debido a mecanismos como la función económica y social de la tierra, no toman en cuenta las inversiones realizadas en el campo productivo.

Además, el título ejecutorial emitido por el Estado tiene una validez limitada, lo que alienta los avasallamientos a propiedades productivas en el país. Este criterio fue expresado por el abogado Luis Fernando Asturizaga, asesor del directorio de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

VALIDEZ LIMITADA DEL TÍTULO DE PROPIEDAD

Asturizaga señaló que el título de propiedad en Bolivia solo tiene una validez de dos años. «Por ejemplo, un usufructo de un terreno agrario podría tener una validez indefinida. Sin embargo, un título firmado por el presidente del Estado solo tiene una validez de dos años. Este es el primer elemento a observar. El segundo es que la función económico-social ha sido establecida para revisar en cualquier momento y lugar, de tal suerte que cualquier miembro de una organización social o entidad del Estado puede intervenir», explicó.

Recientemente, el Procurador General del Estado ordenó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Dirección de Tierras la reversión de 40 predios a nivel nacional. Asturizaga cuestionó la seguridad jurídica de un título que solo tiene vigencia de dos años. Además, señaló que solo comunidades o pequeñas propiedades pueden realizar agricultura y ganadería sostenible en áreas protegidas, excluyendo a medianos productores y empresas agropecuarias, lo que genera discriminación e incertidumbre en la producción agropecuaria.

FALTA DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES EN EL CAMPO PRODUCTIVO

El concepto de función económico-social (FES) no contempla las inversiones y mejoras productivas que requieren alta inversión, como sistemas de riego o infraestructura para el ganado.

«Estamos saliendo de una inundación, luego pasamos por una sequía y llevamos dos años con desastres naturales en el campo, lo que ha mermado la producción. Esta campaña de invierno se está viendo afectada porque los productores no han podido sembrar debido a la falta de recursos económicos. En estas condiciones, ¿quién puede garantizar que al productor no le revertirán la tierra?», expresó

CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Asturizaga cree que la solución de fondo radica en un cambio constitucional y legal. Sin embargo, también es posible hacer modificaciones en los decretos supremos y reglamentos para reducir las inconsistencias que causan inseguridad. «No es posible que un funcionario de segundo nivel pueda impugnar actos del presidente. Hemos planteado al gobierno la necesidad de terminar el proceso de saneamiento de tierras y apoyar las inversiones en el sector agropecuario, que genera alimentos, divisas y empleo», dijo.

Asturizaga cree que la solución de fondo radica en un cambio constitucional y legal. Sin embargo, también es posible hacer modificaciones en los decretos supremos y reglamentos para reducir las inconsistencias que causan inseguridad. «No es posible que un funcionario de segundo nivel pueda impugnar actos del presidente. Hemos planteado al gobierno la necesidad de terminar el proceso de saneamiento de tierras y apoyar las inversiones en el sector agropecuario, que genera alimentos, divisas y empleo», dijo.

URGENCIA DE UNA ACCIÓN CONTUNDENTE DE LA FUERZA POLICIAL

El asesor también destacó la necesidad de una acción contundente por parte de la fuerza policial para investigar y apresar a las personas identificadas como cabecillas de los grupos que llevan a cabo los avasallamientos. «No es posible que luego de ser identificados, los cabecillas sean liberados al poco tiempo por la justicia. Además, en muchos casos, los productores han tenido que cubrir los costos de logística y movilización de la tropa policial. Esto deja a los productores en absoluta indefensión, conviviendo bajo amenaza y presión psicológica constante», concluyó.

señaló que este problema también afecta al ámbito laboral, ya que cada vez es más difícil conseguir trabajadores en las zonas conflictivas debido al miedo de sufrir daños por los avasalladores. La situación es grave y requiere de soluciones integrales para garantizar la seguridad jurídica y fomentar la inversión en el sector agropecuario boliviano.

Fuente: El Mundo 

Sección: Economía 

Fecha: 15/07/2024