Cinco meses después del primer diagnóstico, el Ejecutivo profundizó la evaluación de 15 empresas públicas, pero las decisiones sobre estas continúan pendientes. Expertos advierten que la demora podría incrementar el costo fiscal para el Estado
A ocho meses de gestión, el Gobierno volvió a poner el foco sobre las empresas públicas, con un diagnóstico de las 15 consideradas más críticas por su situación financiera, aunque aún no define el futuro de estas. Para especialistas, la falta de decisiones concretas prolonga la incertidumbre y mantiene un riesgo para las finanzas públicas.
“Las pérdidas acumuladas de las empresas alcanzan a Bs 12.742 millones. Analizaremos el estado de 15 empresas que las llamamos en estado crítico o de mayor riesgo, las pérdidas de estas 15 alcanzan a Bs 5.177 millones, es decir, el 42% de esos 12 mil millones. “, afirmó el director de la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP), Pablo Camacho, durante la presentación del informe.
El nuevo diagnóstico constituye una nueva radiografía de las empresas públicas desde que comenzó la actual administración.
En febrero, el Gobierno informó que 64 de las 67 empresas estatales operaban con pérdidas y que únicamente YPFB, ENDE y Comibol obtenían utilidades, aunque con niveles de eficiencia inferiores a estándares internacionales. Cinco meses después, el diagnóstico se focaliza en las empresas públicas con mayor deterioro patrimonial y financiero.
Entre algunas empresas públicas con mayor riesgo financiero identificadas por la OFEP s eneucentran: Yacana, Mi Teleférico, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK), Quipus, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), la Empresa Boliviana del Oro (Epcoro) y Transporte Aéreo Militar (TAM) entre otros.
El documento también evidencia un fuerte deterioro patrimonial en varias de estas empresas. El caso más significativo es Mi Teleférico, cuyo patrimonio se redujo en Bs 2.039 millones, seguido por YLB, Karachipampa, Quipus y Yacana, que presentan pérdidas acumuladas superiores al capital con el que fueron creadas, una situación que la OFEP califica como quiebra técnica.
A ello se suma la elevada dependencia de recursos públicos. Según el informe, las 15 empresas recibieron Bs 18.227 millones en créditos, además de Bs 8.154 millones en aportes de capital y Bs 148 millones en donaciones, mientras mantienen Bs 1.182 millones en cuotas vencidas, un indicador que refleja dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
Pese a la magnitud de las cifras, el Gobierno aún no define el destino de cada una de las empresas incluidas en el diagnóstico y anunció que los ministerios con tuición de estas empresas estatales deberán presentar un plan de acción.
“Ya se tomó la decisión de que cada ministerio (…) tiene que presentar un plan de acción. Ese plan de acción tiene que presentarlo en un tiempo limitado y con sentido de urgencia y rapidez”, indicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
El Gobierno sostuvo que las auditorías serán determinantes para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos y definir el futuro de cada empresa. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que no todas recibirán el mismo tratamiento: las consideradas estratégicas deberán ser reordenadas y transparentadas; otras podrían ser sometidas a alianzas público-privadas, mientras que aquellas cuya situación financiera resulte inviable podrían dejar de operar. Sin embargo, aclaró que esa definición dependerá de los planes de acción que presenten los ministerios con tuición sobre cada empresa.
Para el economista Rubén Arias, el diagnóstico confirma un deterioro patrimonial significativo, pero llega sin decisiones ejecutivas después de ocho meses de gestión.
“Recibir un reporte después de ocho meses que el Gobierno ha asumido y un reporte así de crítico, y además un reporte que sugiere que los ministerios presenten planes de salvataje, nos parece que no es lo ideal desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la gestión administrativa”, sostuvo.
Arias considera que algunas empresas podrían recuperarse mediante procesos de saneamiento financiero y mejoras en la gestión, pero otras deberían dejar de operar.
“Hay empresas que no pueden seguir funcionando, hay empresas que deben cerrarse (…). El Gobierno no está tomando acciones ejecutivas contundentes; lo que está haciendo es sacar un informe y lanzar el problema a los ministerios para que encuentren una solución”, afirmó.
En la misma línea, el economista Germán Molina observó que el proceso avanza con mayor lentitud de la inicialmente anunciada.
Recordó que la revisión integral de las empresas públicas debía realizarse en los primeros meses de gestión y consideró que el Ejecutivo todavía carece de una hoja de ruta claramente definida.
“Ha tomado mucho tiempo. No tiene un programa económico, no tiene una visión de país y, como consecuencia de ello, están actuando de manera gradual y viendo qué hacer conforme se presentan los problemas”, señaló.
Asimismo, remarcó que el deterioro financiero de las 15 empresas públicas equivalen aproximadamente a $us 1.274 millones, monto que representa el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año.
Fuente: El Deber
