Funcionarios estarían comercializando mercancías decomisadas en puestos de control en lugar de destruirlas como exige la norma.
La Unidad Nacional de Transparencia Institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) ejecutó una intervención administrativa a la Jefatura Departamental de Santa Cruz. La acción responde a denuncias canalizadas mediante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por presuntos hechos irregulares y faltas a la ética pública.
Desvío y venta ilegal de mercadería decomisada
Según detallaron los voceros oficiales, las irregularidades recaen principalmente en el personal asignado a los puestos de control. De acuerdo con las denuncias recibidas, presuntos malos servidores públicos estarían apropiándose indebidamente de los productos comisados para posteriormente ponerlos a la venta.
“Estos bienes, una vez decomisados, pasan a ser propiedad del Estado y ningún servidor público puede disponer de ellos; la normativa exige su destrucción total”, enfatizó el responsable nacional de Transparencia del SENASAG, Teddy Roy Arias.
“La falta de mecanismos para transparentar los procesos de destrucción ha generado suspicacias y motivado estas denuncias”, dijo.
Alcance de la intervención y cruce de datos
Por su parte, el coordinador general de Transparencia, Diego Tanaka, y el responsable nacional, Teddy Roy Arias, explicaron los componentes de la intervención en curso:
- Secuestro de documentación: Incautación de actas de decomiso y actas de destrucción para realizar un cruce sistemático de datos.
- Auditoría operacional: Verificación física para determinar si la cantidad total de productos incautados en los puestos de control departamentales fue efectivamente destruida.
- Entrevistas e indagaciones: Recopilación de testimonios y toma de declaraciones del personal operativo y administrativo del área.
Plazos y posibles sanciones
El proceso investigativo se desarrollará en un plazo de 45 días hábiles administrativos, en estricto apego a la Ley N.º 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Se remarcó que la investigación goza de total independencia e imparcialidad, sin ningún tipo de intromisión.
De determinarse la responsabilidad de los funcionarios involucrados, las sanciones contemplan:
- Responsabilidades administrativas (suspensión o destitución).
- Responsabilidades civiles (resarcimiento económico al Estado).
- Responsabilidad penal: Presentación de la denuncia formal ante el Ministerio Público para el procesamiento penal de los implicados.
Controles a nivel nacional
Las autoridades informaron que estos operativos forman parte de un plan nacional de lucha contra la corrupción. Tras realizar intervenciones previas en la sede de La Paz y ahora en Santa Cruz, la comisión continuará desplegándose de manera sorpresiva en las jefaturas departamentales y puestos de control de todo el país.
Finalmente, la Unidad de Transparencia hizo un llamado a la ciudadanía y a los usuarios a denunciar cualquier acto irregular a través de la línea gratuita habilitada en el portal web institucional, garantizando la severidad y el rigor de la ley contra los malos servidores públicos.
Fuente. SCA
