La estatal coordinará con la ANH, municipios y el RUAT para identificar vehículos que carguen de manera reiterada y evitar que el carburante subvencionado termine en el mercado ilegal.
Las filas volvieron a los surtidores y, con ellas, también se endurecen los controles sobre el destino de los carburantes. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció este domingo que incrementó la distribución de gasolina y diésel en los nueve departamentos y que, en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), continuará bloqueando las placas de vehículos que registren carguíos repetitivos.
La decisión se produce después de una semana marcada por problemas de abastecimiento de gasolina en Santa Cruz, además de reportes de dificultades en La Paz, Cochabamba y otras regiones. En la capital cruceña, un recorrido de EL DEBER constató la semana pasada esperas de hasta dos horas y estaciones que directamente se quedaron sin carburante.
YPFB sostiene que el incremento de los volúmenes de distribución tiene como objetivo reforzar el abastecimiento destinado al transporte, la actividad productiva y la población. La estatal asegura que la medida fue coordinada con la ANH y los gobiernos autónomos municipales para sostener la cadena de suministro.
Pero la estrategia tiene un segundo componente: cerrar el paso al acopio y desvío de combustible subvencionado.
Según el comunicado emitido este 4 de octubre, YPFB y la ANH están bloqueando las placas de vehículos que registran cargas repetitivas de gasolina y diésel. Para esta tarea contarán con el apoyo de las intendencias municipales y del sistema RUAT, que permitirá identificar y cruzar información relacionada con los motorizados.
El objetivo es evitar que un combustible destinado al mercado interno termine siendo almacenado, revendido o desviado hacia circuitos ilegales.
Un control que ya dejó cientos de placas bloqueadas
La medida no parte de cero. El Gobierno informó a mediados de septiembre que, durante la intervención de la ANH, ya habían sido bloqueados 700 vehículos identificados por realizar cargas repetitivas e irregulares: 450 vinculados con gasolina y 250 con diésel. Según el reporte oficial, esas acciones permitieron evitar el desvío estimado de más de 1,15 millones de litros de carburantes.
Días después, el control se amplió. EL DEBER reportó el 3 de octubre que la ANH había bloqueado alrededor de 6.700 placas durante un mes de intervención, asociadas a carguíos observados, mientras el Gobierno estimó que con esos controles se evitó el posible desvío de más de 14 millones de litros de gasolina y diésel.
La lógica del mecanismo es sencilla: cuando el sistema detecta un comportamiento de consumo que se aleja de los patrones habituales, la placa puede ser bloqueada para impedir nuevos carguíos. Si además existen indicios de almacenamiento o comercialización ilegal, el caso puede pasar a otras instancias.
El problema no es solo el control
El endurecimiento de la fiscalización llega mientras el abastecimiento todavía busca recuperar regularidad.
El 30 de septiembre, YPFB reconoció que la falta de transporte en cisternas había interrumpido un eslabón fundamental de la cadena y alcanzó un acuerdo con la Cámara Boliviana de Transporte de Derivados de Petróleo (Campetrol) para reactivar el traslado de carburantes. La organización agrupa a unas 47 empresas.
La estatal aseguró que cuenta con los volúmenes necesarios de gasolina y diésel, pero advirtió que la normalización sería progresiva. En efecto, después del acuerdo todavía se observaron filas y problemas de abastecimiento en distintos puntos del país.
En Santa Cruz, el problema adquirió una particular dimensión. Mientras algunas estaciones tuvieron dificultades para vender gasolina especial subvencionada, el combustible importado por privados se mantuvo disponible en determinados puntos, aunque con un precio cercano a Bs 18 por litro, frente a los Bs 6,96 de la gasolina especial subvencionada.
Así, el Gobierno enfrenta dos problemas simultáneos: mejorar la logística para que el combustible llegue a los surtidores y evitar que el carburante que sí llega sea acaparado o desviado.
YPFB remarcó que el combustible subvencionado tiene como destino exclusivo el mercado interno y anunció que los operativos de control se ejecutarán de manera conjunta en los nueve departamentos. A quienes incurran en prácticas de carga reiterada, acaparamiento o desvío se les aplicarán las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente.
La apuesta oficial es que un mayor volumen de distribución, acompañado por controles sobre los carguíos, permita cortar el círculo que se ha repetido durante las últimas semanas: menos combustible en los surtidores, más filas, compras preventivas y mayor presión sobre una oferta que todavía busca estabilizarse
Fuente: El Deber
