EMERGENCIA.– La institucionalidad cruceña se declaró en emergencia tras la denuncia de avasallamiento a la propiedad Patujú, en Montero, donde grupos armados habrían secuestrado al productor Pablo Vaca Díez y a dos de sus trabajadores. La Cámara Agropecuaria del Oriente, el Comité Pro Santa Cruz y los pequeños productores exigieron al Gobierno actuar de manera inmediata.
Secuestro en la propiedad Patujú desata alarma en Santa Cruz
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, denunció públicamente que la propiedad Patujú, perteneciente a la familia Vaca Díez, en el municipio de Montero, fue avasallada por grupos armados.
“Pedimos garantías para Pablo Vaca Díez, que actualmente está secuestrado junto a otros dos trabajadores. Exigimos al Ministerio Público y a la Policía devolver la seguridad jurídica a todos los cruceños y bolivianos”, manifestó Frerking.
El hecho fue denunciado por Maria José Cabrera esposa del propietario Pablo Vaca Diez que esta secuestrado. Los 100 encapuchados que invadieron la propiedad golpearon a muchos trabajadores y realizaron muchos destrozos, relató. “Estamos con personas heridas dentro de la propiedad, hay destrozos y tienen secuestrado a mi marido”, le dijo a los medios de comunicación en Montero
Comité Pro Santa Cruz: “No es un hecho aislado, es un secuestro atroz”
Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó la situación como un hecho de extrema gravedad.
“Estamos hablando de un secuestro a cinco kilómetros de Montero, en una zona urbana. Tres personas están privadas de libertad, lo que pone en riesgo sus vidas. Exigimos al Gobierno, a la Fiscalía y a la Policía una acción inmediata”, sostuvo Zambrana.
El dirigente señaló que la institucionalidad cruceña se mantiene en sesión permanente para exigir la liberación de los secuestrados y la devolución de las tierras tomadas.
Productores piden endurecer las leyes contra avasallamientos
El dirigente de la Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios (CAPPO), Demetrio Pérez, advirtió que los avasallamientos afectan no solo a un sector productivo, sino a todo el país, ya que comprometen la seguridad alimentaria.
“Los avasalladores deben ser procesados como criminales, porque atentan contra la producción de alimentos. Necesitamos leyes más duras, que incluyan la incautación de bienes y sanciones ejemplares. La norma actual es muy benévola”, enfatizó Pérez.
El dirigente agregó que estos hechos se mantienen por la falta de aplicación de la ley y por el apoyo político que, según denunció, algunos grupos irregulares reciben.
Institucionalidad cruceña en emergencia
Las declaraciones de los líderes agropecuarios y cívicos coinciden en la necesidad de recuperar la seguridad jurídica en Santa Cruz y en el país, y en que el Estado debe garantizar la protección de la propiedad privada.
El sector productivo advirtió que continuará en estado de emergencia hasta que se libere a los secuestrados y se garantice el respeto a la tierra productiva, vital para la economía cruceña y nacional.
Fuente: NUEVA PRESENCIA
