En un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía, el jueves 5 de febrero se realizó el allanamiento de las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Río Pilcomayo S.R.L., ubicadas en el municipio de General Saavedra, como parte de la investigación por un presunto caso de estafa múltiple que habría afectado a 53 productores soyeros del Norte Integrado cruceño.
De acuerdo con las estimaciones preliminares, el daño económico ascendería a aproximadamente 3 millones de dólares. Durante el operativo, no se logró dar con los representantes legales de la empresa denunciada, quienes no se encontraban en el lugar.
El allanamiento fue encabezado por Carlos Candia, fiscal de Materia en Delitos Patrimoniales de la ciudad de Montero, quien explicó que la intervención se ejecutó en el marco de una denuncia por estafa múltiple agravada. Según la investigación, los productores entregaron su cosecha de soya a la empresa, pero no recibieron el pago correspondiente.
“Estamos investigando el hecho. La denuncia es reciente, tiene apenas dos días, y el primer acto investigativo fue el allanamiento para recabar documentación que permita identificar a los presuntos responsables”, indicó el fiscal.
Candia adelantó que se prevén nuevos allanamientos y diligencias investigativas para esclarecer el caso y aseguró que, de comprobarse el delito, los responsables podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta tres años, en función de la gravedad del daño ocasionado.
Relato de los productores afectados
Por su parte, Elizabeth Aramayo, abogada defensora de los productores afectados, precisó que el allanamiento se ejecutó en los depósitos de la empresa y explicó la modalidad bajo la cual se realizaban las transacciones.
“Los productores aceptaban el precio ofrecido, trasladaban su producción en camiones hasta la empresa Río Pilcomayo, en Saavedra, y posteriormente no recibían el pago. Se trata de un monto millonario que debe recuperarse, porque estas familias viven exclusivamente de su trabajo agrícola”, manifestó la jurista.
Durante la vigilia realizada en inmediaciones de la empresa, varios productores expresaron su preocupación y el impacto que la situación tiene sobre su economía familiar y productiva.
“Pedimos ayuda porque no podemos solos. Aquí hay personas de la tercera edad que no han recibido su pago. Necesitamos sembrar, comprar insumos y cumplir con nuestras deudas bancarias”, señaló uno de los afectados, quien prefirió mantener su identidad en reserva.
Otro productor, también bajo anonimato, relató la magnitud del perjuicio sufrido:
“Yo tengo comprometidas unas 130 toneladas de soya con esta empresa. Necesito dinero para fumigar y seguir produciendo. La empresa que me vendió los agroquímicos ya no quiere darme crédito porque no he podido pagar. No tengo cómo cubrir la nueva siembra que ya realicé”, explicó.
Las investigaciones continúan, mientras los productores esperan que las autoridades logren identificar a los responsables y recuperar los recursos, fundamentales para sostener la actividad agrícola en la zona norte de Santa Cruz.
Fuente: SCA
