En conferencia de prensa, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias de Bolivia (CIAB) se pronunció oficialmente ante la escalada de incendios forestales registrados en Bolivia, mismos que comprometen en gran medida la producción agropecuaria.
El presidente del CIAB, Juvenal Bonilla, señaló que este reclamo púbico se respalda en el criterio del comité técnico multidisciplinario que posee este ente, mismo que analizó esta temática coyuntural.
En representación de dicho comité, el primer vicepresidente del CIAB, Marcelo Alarcón, quien es especialista en información geográfica y cambio climático argumentó en primera instancia que un foco de calor es cualquier punto de la superficie terrestre que emite temperaturas significativamente más altas que las de su entorno.
“Hemos utilizado para esto información del sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) que nos da la información en base al entorno de un kilómetro. Si tiene una temperatura mayor nos va a mostrar que está más calenté. Hemos hecho un pequeño análisis sobre los lugares que se están quemando ¿para qué se están usando?”, indicó.
Así en una gráfica, el experto señaló que, en estudio hecho entre julio y septiembre en el departamento de Santa Cruz, determinándose que la mayoría de los focos de calor se hallan en la zona del Choré, Guarayos, la Chiquitania y el Pantanal.
“Consideramos con este análisis rápido que los focos de calor no están en el área productiva de Santa Cruz, están en los asentamientos legales e ilegales de las nuevas comunidades del Choré, Guarayos, la Chiquitania y el Pantanal. Eso nos hace reflexionar ¿quién quema su inversión? ¿quién quema su tractor? ¿quién quema su trabajo de rotación de cultivos y de cobertura que aumentan materia orgánica a sus suelos?, no encontramos una lógica, o mismo de los ganaderos ¿dejaría usted que su ganado se queme? ¿dejaría que se queme el alimento de su ganado?”, planteó Alarcón.
Bajo esta premisa, Bonilla explicó los puntos de este manifiesto del CIAB, poniendo en relieve que los incendios afectan actualmente a Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay.
“Un modelo como el actual (desarrollado por el Gobierno Boliviano) no es racional, porque es ilógico que un país con bosques en la mitad de su territorio no apoye el manejo forestal que alguna vez alcanzó a más de 2 millones de hectáreas certificadas, y ni siquiera permita su preservación, por ejemplo, a través de bonos de carbono”, apuntó.
El titular de los agrónomos a nivel nacional también apuntó que no es sostenible un país sin que se cumpla la normativa de ordenamiento territorial en el que no se respeta la diferencia entre el área protegida y zona de producción, razón por la que los parques nacionales se invaden y los productores agropecuarios son constantemente hostigados.
“No es sostenible la seguridad alimentaria de un país con permanente hostilidad hacia la producción agropecuaria, en la que entidades públicas y privadas con influencia en la población desacreditan a los productores agropecuarios, desvalorando al sector que se encarga de la necesidad básica de todo ser humano que es la alimentación”, destacó.
Bajo estos argumentos, Bonilla arguyó que no es posible que la opinión pública nacional siga confundiendo a la agricultura, y la ganadería, basada en la carencia de alimento tecnológico, que estas actividades no invierten por falta de conocimientos, y que muchas veces origina incendios porque tiene muy poco que perder.
“En el sector agropecuario moderno, con importantes inversiones en tecnología e infraestructura, que genera divisas para el país y cumple con normas internacionales, los incendios resultan devastadores. Sin embargo, a pesar de los millones de hectáreas quemadas, existen hoy cientos de propiedades de agropecuaria moderna que nunca han sido afectadas por incendios, gracias a la implementación de medidas preventivas. Los daños causados por un incendio en terrenos con infraestructura cultivada, maquinaria y compromisos comerciales son extremadamente costosos, llegando a oscilar entre 1.200 y 3.200 dólares por hectárea”, explicó.
Así, el ente colegiado alertó al país que además de la tragedia que se vive con la inmolación de flora y fauna, y el deterioro de los recursos naturales provocados por fuegos incontrolables, sumado al constante antagonismo contra el productor agropecuario conducen al país a una grave crisis de seguridad alimentaria.
“De la tragedia del fuego, pasaremos a la del hambre. Y como ya lo dijo una de nuestras filiales, nosotros exigimos: La institucionalización de entidades estatales que permita la implementación urgente de políticas públicas efectivas que prioricen la prevención y el combate de los incendios. Que los gobiernos subnacionales tengan tuición sobre su territorio y recursos naturales. La investigación exhaustiva de las causas de los incendios evitando la acusación directa al productor cuando un incendio alcanza sus predios. La promoción de la extensión agropecuaria y el apoyo técnico y financiero al sector para la expansión de prácticas sostenibles que conduzcan a que cada vez existan menos predios con prácticas de baja tecnología. El fomento a la inversión privada en la agropecuaria y la agroindustria en vez de la creación de empresas estatales con fines prevendalistas”, manifestó.
En un punto clave de su propuesta, el presidente del CIAB subrayó la importancia de evitar el deterioro de los recursos naturales en el país, que cuenta con casi un 50% de bosques y un 30% de áreas protegidas.
“Es fundamental que todos comprendan que los principales activos de un emprendimiento agropecuario son los recursos naturales: suelo, agua, aire y biodiversidad. Sin ellos, es imposible lograr una productividad sostenible a largo plazo, por lo que el principal interesado en preservarlos es el propio inversionista agropecuario,” señaló.
Fuente: Prensa SCA
Periodista: Luis E. Reyes Ortiz Mérida.
Fecha: 12/09/2024
