El gobernador Juan Pablo Velasco informó que está próximo a suscribir un convenio con una empresa privada internacional para importar
La Gobernación de Santa Cruz anunció un convenio para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina a precios internacionales y plantea al Gobierno un decreto que habilite la participación directa del sector privado.
Ante los problemas recurrentes de abastecimiento de combustibles, la Gobernación de Santa Cruz prepara una alternativa que apunta a involucrar directamente al sector privado en la importación y comercialización de diésel y gasolina.
El gobernador Juan Pablo Velasco informó que está próximo a suscribir un convenio con una empresa privada internacional para importar, almacenar y comercializar combustibles mediante una alianza público-privada. La propuesta contempla que los carburantes ingresen al país sin subsidio y a precios internacionales.
El objetivo, según explicó la autoridad, es generar una fuente adicional de abastecimiento para los sectores que dependen del combustible para mantener sus actividades, entre ellos productores agropecuarios, transporte pesado, empresas privadas, comerciantes, trabajadores y la población en general.
“Estamos por firmar un convenio con una empresa privada internacional para poder importar, almacenar y comercializar, a través de alianzas público-privadas, gasolina y diésel sin ningún subsidio y a precios internacionales, con el objetivo de asegurar este suministro”, señaló Velasco.
Combustible
La Gobernación sostiene que cuenta con atribuciones establecidas en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, particularmente en los artículos 99 y 101, vinculados al apoyo a la industria sectorial y a la participación en la cadena productiva hidrocarburífera y energética.
Sin embargo, para avanzar con el mecanismo planteado, la administración departamental considera necesario que el Gobierno nacional emita un Decreto Supremo que permita a las gobernaciones establecer este tipo de relaciones directamente con empresas privadas dedicadas a la importación y comercialización de combustibles.
Actualmente, el esquema vigente limita este tipo de operaciones a determinados mecanismos y actores estatales, por lo que la Gobernación busca una habilitación específica que permita concretar la alianza con la empresa internacional.
Una salida
La propuesta surge en un contexto en el que la falta de diésel y gasolina se ha convertido en un problema con impacto directo sobre la actividad económica. En Santa Cruz, donde el transporte y la producción agropecuaria tienen un peso importante, las dificultades de abastecimiento pueden traducirse en mayores costos logísticos, retrasos en las labores productivas y presión sobre los precios.
“El sector productivo que alimenta a nuestro país necesita diésel, necesita combustible. No podemos seguir así”, afirmó Velasco.
El gobernador remarcó que la intención es construir un mecanismo que permita garantizar el suministro sin depender exclusivamente de la disponibilidad de combustibles subvencionados.
Bajo este esquema, el precio internacional sería asumido por los usuarios, eliminando el componente de subsidio estatal. Para la Gobernación, esto permitiría abrir una alternativa de abastecimiento y reducir las interrupciones que afectan actualmente a las actividades económicas.
Detalles
Velasco anunció que los detalles del convenio serán socializados la próxima semana, una vez que avance el proceso de suscripción y se definan las condiciones de la operación.
La iniciativa todavía depende de la aprobación del Decreto Supremo solicitado al Gobierno nacional, por lo que su implementación estará condicionada a la habilitación legal correspondiente.
“Como Gobernador de Santa Cruz, mi responsabilidad es encontrar soluciones concretas para nuestro departamento, y esta es una solución definitiva. Vamos a asegurar el suministro de diésel y gasolina en nuestro departamento”, sostuvo.
Más allá del acuerdo anunciado, el desafío será convertir la propuesta en un mecanismo operativo que permita importar combustible de manera regular, contar con capacidad de almacenamiento y establecer una red de comercialización capaz de atender la demanda departamental. El resultado podría convertirse en una prueba para evaluar hasta qué punto las alianzas público-privadas pueden contribuir a resolver problemas de abastecimiento energético sin recurrir al subsidio estatal.
Fuente: LA RAZÓN
