Este apartado faculta el decomiso de productos a aquellos actores del comercio de alimentos que acumulen, retengan o intenten incrementar de manera injustificada los precios.
Antonio Siñani, dirigente gremial de la ciudad de El Alto, rechazó el artículo 7 del Decreto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el cual, según él, atenta contra los derechos de los comerciantes y la economía popular en Bolivia. En conferencia de prensa en La Paz, Siñani acusó al Gobierno central de no atender las observaciones realizadas por los gremiales y de actuar de manera «incapaz» frente a las demandas ciudadanas.
«Hemos advertido al presidente Luis Arce Catacora para que elimine el artículo 7 del decreto, que permite confiscar y decomisar mercaderías no solo a los gremiales, sino también a toda la población. Esto afecta directamente a quienes llevan productos como fideo, azúcar y aceite a las provincias», declaró.
Asimismo, denunció que las autoridades no han dado respuesta efectiva pese a las cartas enviadas a la Cámara de Diputados y a la comisión correspondiente.
Este artículo es rechazado por 13 cámaras del sector empresarial de Bolivia, que anunciaron que no participarán en su proceso de reglamentación y han advertido sobre el riesgo de una severa crisis que podría agravar la inflación y fomentar la especulación de precios en los productos.
El objetivo de esta normativa es garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales. Para ello, se faculta a las entidades competentes a implementar medidas de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a aquellos actores del comercio de alimentos que acumulen, retengan o intenten incrementar de manera injustificada los precios.
Este artículo es rechazado por 13 cámaras del sector empresarial de Bolivia, que anunciaron que no participarán en su proceso de reglamentación y han advertido sobre el riesgo de una severa crisis que podría agravar la inflación y fomentar la especulación de precios en los productos.
El objetivo de esta normativa es garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales. Para ello, se faculta a las entidades competentes a implementar medidas de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a aquellos actores del comercio de alimentos que acumulen, retengan o intenten incrementar de manera injustificada los precios.
Fuente: El Deber
Fecha: 04/01/2025
