Los productores piden liberar exportaciones y ampliar el acceso a biotecnología para soja y maíz, mientras reclaman garantizar el abastecimiento de combustible.
Los productores de oleaginosas de Bolivia volvieron a reclamar libertad para exportar y mayor acceso a biotecnología en soja y maíz, dos demandas que el sector considera necesarias para elevar la productividad frente al nuevo escenario de costos generado tras el fin de la subvención a los combustibles. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) planteó además que el abastecimiento de diésel debe mantenerse de manera oportuna para evitar problemas durante las labores agrícolas.
El planteo se produce varios meses después de la eliminación de la subvención a los combustibles, aplicada desde el 18 de diciembre de 2025 por el gobierno de Rodrigo Paz. En febrero, información oficial situaba el precio de referencia del diésel en Bs 9,80 por litro y señalaba que la participación privada comenzaba a crecer en el abastecimiento. Para el agro, el cambio significó pasar de un combustible fuertemente subsidiado a un esquema de precios más próximo a los costos reales de provisión.
Jaime Hernández, gerente de Anapo, sostuvo que el cambio en la política de combustibles debería estar acompañado por medidas que permitan mejorar las condiciones productivas. Entre ellas mencionó la liberación de las exportaciones y facilitar el acceso a biotecnología para maíz y soja, con el objetivo de brindar a los agricultores más herramientas para elevar los rendimientos y enfrentar una estructura de costos diferente.
El combustible ocupa un lugar especialmente sensible en esa ecuación. Antes del cambio de política, los problemas de abastecimiento habían llevado a productores a recurrir al mercado informal y, en algunos casos, a mecanismos de importación directa. El sector espera que el nuevo esquema permita normalizar la disponibilidad en las estaciones de servicio y reducir las interrupciones que afectan operaciones mecanizadas como preparación de suelos, siembra, aplicaciones y cosecha.
El agro busca compensar el nuevo costo energético con mayor productividad
La demanda de biotecnología no aparece por primera vez. El acceso a nuevas herramientas genéticas forma parte de una discusión de varios años entre el sector agroindustrial y los distintos gobiernos bolivianos. Ya en noviembre de 2024, autoridades y organizaciones agroindustriales habían acordado avanzar en mecanismos para ampliar el uso de semillas modificadas, particularmente en cultivos como maíz y caña.
Ahora, los productores vuelven a colocar la cuestión sobre la mesa vinculándola directamente con la competitividad. Desde la perspectiva expresada por Anapo, si los costos del combustible se ajustan a nuevas condiciones de mercado, también deberían habilitarse herramientas que permitan producir más por hectárea. El pedido abarca específicamente soja y maíz, dos cultivos de importancia dentro de la estructura agrícola del oriente boliviano.
La eliminación de la subvención también modificó el funcionamiento del mercado de combustibles. En febrero de 2026, el Gobierno informó que aproximadamente 4% de los requerimientos nacionales ya estaban siendo cubiertos por proveedores privados, ya fuera para consumo propio o comercialización. La apertura a una mayor participación privada había comenzado antes: en octubre de 2025 se promulgó un régimen excepcional que permitió ampliar la importación y venta privada de carburantes.
Para los agricultores, sin embargo, la cuestión central no se limita al precio. La disponibilidad del producto en los momentos críticos de la campaña resulta determinante, porque una interrupción del suministro puede retrasar labores que dependen de ventanas agronómicas precisas. De allí que Anapo combine su reclamo por nuevas reglas productivas con la exigencia de un abastecimiento oportuno de diésel en todo el país.
Exportaciones, otro reclamo que vuelve al centro de la agenda agrícola
La segunda demanda planteada por los productores apunta a las exportaciones. Anapo reclama una mayor libertad para comercializar la producción en el exterior, al considerar que el acceso a los mercados internacionales forma parte de las condiciones necesarias para mejorar la competitividad y las posibilidades de crecimiento del sector oleaginoso.
El pedido reúne así tres variables estrechamente vinculadas para la producción agrícola: combustible disponible, acceso a tecnología y condiciones para exportar. La posición expresada por la organización productiva es que el aumento de los costos energéticos necesita ser acompañado por cambios que permitan mejorar la eficiencia y generar mayores ingresos a partir de la producción.
El debate se produce mientras Bolivia continúa ajustando el mercado de combustibles después de décadas de subvenciones. Según información oficial difundida en febrero, el Gobierno estimaba que la eliminación del subsidio había permitido un ahorro superior a US$400 millones desde su implementación y una reducción significativa del consumo registrado de diésel. Para el sector agrícola, la siguiente discusión pasa por cómo trasladar ese cambio estructural a una producción capaz de sostener competitividad y volumen bajo la nueva estructura de costos.
Fuente: AgroLatam
