IMPUNIDAD.- Alcides Vadillo alerta sobre avasallamientos en Santa Cruz: más de 100 casos en el país, violencia armada y complicidad estatal agravan el conflicto por tierras en reservas forestales como Guarayos y Choré.
Alcides Vadillo, exdirector nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y actual director de “Tierra en Santa Cruz”, expresó su preocupación por el crecimiento de los avasallamientos de propiedades agropecuarias en producción y en reservas forestales del departamento. Según Vadillo, se mezclan intereses económicos, políticos y sociales en un escenario marcado por violencia, impunidad y falta de respuesta estatal.
AVASALLAMIENTOS CON VIOLENCIA ESTRUCTURADA
Vadillo explicó que, solo en Santa Cruz, existen alrededor de 100 casos documentados de avasallamientos, mientras que a nivel nacional suman más de 200. “Lo preocupante es que muchos de estos hechos están acompañados de violencia física, organización armada y uso de armas de fuego. Hay personas heridas y vidas en riesgo”, señaló.
Agregó que la justicia no actúa con la celeridad necesaria: “Mientras la impunidad continúe, estos hechos se reproducen”.
RESERVAS FORESTALES TITULADAS: UNA PARADOJA LEGAL
El especialista llamó la atención sobre un fenómeno particular: dentro de reservas forestales como Guarayos, Choré y Bajo Paraguá existen propiedades privadas reconocidas por el Estado. En el caso de Guarayos, cerca del 70% de su superficie ya está titulada como propiedad privada, algo que, según Vadillo, contradice el objetivo de proteger esas áreas.
“El Estado ha ido reconociendo de manera paulatina derechos propietarios dentro de zonas que son reservas. Eso genera conflictos porque hay predios privados titulados y otros en disputa legal, situación que es aprovechada por grupos delincuenciales para asentarse de forma violenta”, explicó.
EL CASO SANTA RITA: 5.700 HECTÁREAS EN DISPUTA
Como ejemplo concreto, Vadillo citó el caso de Santa Rita, donde existen tres predios con aproximadamente 5.700 hectáreas. De esas, unas 800 están tituladas de manera oficial, mientras que el resto permanece en disputa legal.
Lo que más preocupa es que “los grupos armados ingresan a estas tierras, invaden tierras cultivadas y luego negocian con los propietarios para abandonar el lugar, mediante extorsiones”, advirtió. Según Vadillo, ese mecanismo genera un mercado paralelo de tierras ilegales, con precios que rondan los 2.000 dólares por hectárea.
INTERESES POLÍTICOS Y FALTA DE ACCIÓN ESTATAL
Vadillo también señaló la posible complicidad de autoridades y candidatos políticos en estos hechos. “Algunos cabecillas de los avasallamientos han aparecido en fotografías con autoridades de alto nivel o como candidatos a cargos públicos. Esto distorsiona la aplicación de la ley, porque no se sanciona con el mismo rigor a quienes tienen vínculos políticos”, afirmó.
¿CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA? DOS CAMINOS URGENTES
Vadillo resumió dos elementos clave para enfrentar la problemática: Definir derechos de propiedad con celeridad: Según explicó, ni el INRA ni el Tribunal Agroambiental pueden tardar cinco años en definir quién tiene derecho sobre una tierra.
Sancionar los avasallamientos como delitos: Aunque existen leyes específicas, la impunidad predomina. “No importa de qué partido sean, ni la relación que tengan con el presidente. Si cometen delitos, deben ser sancionados”, enfatizó.
Más allá de los propietarios afectados, Vadillo recordó que el impacto se extiende a la producción agrícola, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. “La violencia y la ilegalidad no pueden convertirse en regla. El Estado debe actuar para garantizar la paz social y el orden”, concluyó.
Fuente: EL MUNDO
