Luego de una reunión sostenida en Santa Cruz junto a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) los ministros Marcelo Montenegro de Economía y Finanzas Públicas; Yamil Flores de Desarrollo Rural y Tierras y Néstor Huanca de Desarrollo Productivo y Economía Plural desarrollaron una conferencia técnica abordando principalmente los controversiales mecanismos para combatir el agio y la especulación de alimentos para incluirse en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025,expresados estos en la disposición adicional séptima.
Montenegro inició este encuentro con los periodistas aclarando que este esquema de control va dirigido hacia los malos productores e intermediarios y así procurar que los alimentos denominados esenciales lleguen a un buen precio a los consumidores finales, mismo argumento que emplearon ante la dirigencia de la CAO.
También aclaró que este artículo merece una adecuada reglamentación, donde los productores agropecuarios están invitados a complementar dada su experiencia al respecto.
“Nosotros como Ejecutivo ya hemos enviado la propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional y seguramente, tendremos que explicar la función de este artículo. No se trata de estigmatizar a los buenos productores e intermediarios, sino hacer un control contra aquellos que generan especulación y zozobra ocultando el producto o llevándolo si autorización fuera del país”, argumentó.
Montenegro deslindó que citado artículo opere como un control social, sino por lo contrario es un medio para generar confianza en la producción y trazabilidad desarrollada en el país. Además, informó que respecto a este artículo y el resto del PGE, el gabinete del presidente Luis Arce se encuentra en un proceso de socialización que lleva una semana con los legisladores.
En conferencia de prensa posterior, el presidente de la CAO José Luis Farah, informó que el sector productivo cruceño al cual representa expresó a los citados ministros su descontento ante la disposición adicional séptima del proyecto de del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 referido al control y fiscalización que contiene dicho artículo.
“Al final de cuentas creo que el tema del agio y la especulación que ellos manifiestan están en la ley, en el artículo 226 el Código Penal, entonces esto ya está estipulado. Hacer más controles, verificaciones e inspecciones generan una susceptibilidad del sector y procesos de corrupción donde la gente puede ser extorsionada, lo que precisa el sector es celeridad para seguir produciendo que es lo que nos debe competer a todos los productores de Bolivia, es por esto que los ministerios y el Gobierno deben dar cumplimiento para que nosotros tengamos todas las herramientas y así cumplir con nuestro trabajo”, aseguró Farah dada la crítica situación económica en la que se halla inmerso el país.
Así también, el dirigente manifestó que, a menos de un mes del final de la campaña de verano, la siembra de alimentos como la soya, el arroz y el maíz no llega al 50% por la falta de diésel en el campo.
“Hay lugares donde no hay combustible, permanecen las colas y tenemos una ventana (de siembra) que concluye el 31 de diciembre, deberían estar sembrados más de dos millones de hectáreas”, dijo, a tiempo de resaltar que “en esta época, por dar un ejemplo, en soya no hemos llegado más que a un 40%, en arroz, un 50% y ya no se puede seguir sembrando; en maíz un 17%, entonces aquí tenemos que abastecer una cadena transversal como es el sector pecuario, de donde se abastece a toda la canasta familiar», puntualizó.
Sobre el abastecimiento de aceite comestible
Por su parte, el ministro Huanca se refirió a las dos reuniones sostenidas con las industrias aceiteras nacionales respecto al desabastecimiento nacional de aceite comestible.
“La industria oleaginosa ha manifestado que garantizará la producción suficiente de aceite para abastecer al pueblo boliviano, sabemos que a la fecha son 457.292 toneladas que se disponen como oferta al pueblo boliviano, de los cuales ya se han comercializado al mercado interno 75.992 toneladas y se han exportado 328.609 toneladas. Sabemos que para el consumo nacional del pueblo boliviano y las amas de casa se necesitan 88.936 toneladas, de las cuales la industria nacional ya comercializó 75.992 toneladas”, expresó.
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) Jorge Amantegui, aseguró que su sector no ha subido el precio del aceite, debido a que están regulados por el Gobierno, al que entregan informes cada 15 días e identificó que son , aunque también señaló que la falta de diésel es una limitante para el productor primario.
“El problema está fuera de las industrias, está en la parte de los distribuidores al consumidor final. Nosotros no estamos incumpliendo las normas, los intermediarios son los que hacen subir el precio que no debería superar la botella de 900 mil del aceite a Bs 12, 13, porque nosotros entregamos a un precio regulado y de eso hacemos un reporte quincenal al Gobierno y que ahora cuesta Bs 15, es algo que deben controlar las autoridades”, consideró Amantegui.
Dijo que inicialmente se tuvo un problema logístico por los bloqueos y la falta de diésel, que aún persiste, lo que ha hecho que la distribución a los mercados sea discontinua, pero eso no significa que haya desabastecimiento, ya que el mercado sólo representa el 20% y el 80% es para la exportación.
Afirmó que también son afectados por la sequía, pero que es algo coyuntural, ya que por ejemplo en 2023 tuvieron 700 mil toneladas de grano de soya, lo que también ocasionó una pérdida de 600 millones de dólares por las exportaciones. Actualmente, están en la fase de culminar la siembra de invierno, de las que faltan recoger más de 200 mil toneladas de grano de soya, lo que hará que continúe la molienda hasta marzo de 2025 y si hasta ahora no se cuenta con esa producción, es por la falta de combustible.
Fuente: SCA/Agencias/CAO/MDRyT.
Periodista: Luis E. Reyes Ortiz Mérida.
Fecha: 4/12/2024
