En medio de un clima marcado por cuestionamientos al rol de las empresas estatales, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, salió al paso de las críticas asegurando que el proceso de industrialización es una apuesta estratégica del Estado boliviano para dinamizar la economía y garantizar la soberanía productiva del país.
“El modelo económico-social comunitario productivo funciona y lo estamos demostrando con hechos: 170 industrias impulsadas, más de 32.000 millones de bolivianos en inversión, y 23.000 empleos generados entre directos e indirectos”, afirmó Siles en entrevista con Bolivia TV.
La declaración de la autoridad surge raíz de que algunos candidatos opositores proponen cerrar las empresas públicas, por considerarlas deficitarias y que representan un enorme gasto para el Estado.
“Quienes hablan de cerrar las industrias estatales no entienden cómo funciona la economía boliviana. Estas industrias no solo son rentables, sino que aportan con utilidades al bono Juancito Pinto, reinvierten en nuevas plantas y sostienen el desarrollo de miles de productores primarios en todo el país”, sostuvo.
Entre los ejemplos que citó, mencionó a EMAPA y EBA, empresas — que según él—han logrado generar recursos suficientes para financiar su expansión sin recurrir a nuevos fondos estatales. “La planta de yuca y plátano en el norte de La Paz se construye con fondos propios de EMAPA. Lo mismo ocurre con la ampliación de la planta de leche de Caranavi de EBA”, detalló.
Siles también advirtió sobre el impacto local que tendría el cierre de estas industrias. “Cada planta genera empleo, mejora la infraestructura básica como agua, electricidad y gas, y dinamiza las economías municipales. Cerrar estas empresas sería condenar al país al atraso”, señaló.
Según el viceministro, muchas de las plantas ya están en funcionamiento o en fase final de construcción. Ejemplos incluyen la planta olífera en Riberalta (Beni), parte del proyecto de biodiésel con palma aceitera, y la planta procesadora de durazno en San Lucas (Chuquisaca), que comenzará operaciones el 30 de junio con una capacidad de 400 toneladas anuales.
Frente a las acusaciones de falta de resultados, Siles fue enfático: “Hay utilidades, hay crecimiento, hay beneficios concretos para la gente. Lo que no hay es una comprensión real de parte de quienes quieren destruir lo construido”.
El año pasado, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Aldo Terrazas, alertó que 14 empresas estatales creadas durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) trabajan a pérdida y no han podido aportar mensualmente ni anualmente al Estado.
“No las han podido declarar rentables y la inversión que se realizó no se recuperará. Lamentablemente no están aportando al Tesoro General de la Nación”, afirmó.
La advertencia se basa en un estudio legislativo que reveló que, entre 2019 y 2023, estas 14 empresas públicas reportaron pérdidas económicas por Bs 3.121.162.752,53 (más de tres mil millones de bolivianos), es decir, no generaron utilidades a favor del Estado, sino déficit por el gasto que representan.
Fuente: El Deber
Sección: Economía
Fecha: 05 / 05 / 25
