El occidente boliviano requiere cambios normativos e incentivos para promover la inversión de jóvenes en el sector agrícola.
Los avasallamientos a predios en Santa Cruz y en otras regiones del país a zonas productivas, pone en la mesa si hay seguridad jurídica para el desarrollo agropecuario juvenil. En el altiplano la situación es diferente, ya que las comunidades frenan el avance de la producción agrícola masivamente. Para el técnico Regional Altiplano de la Fundación Tierra, José Moisés Sarzuri, hay todavía tensiones que no garantizan el acceso a la tierra.
Entretanto, algunos líderes políticos, que participan en las elecciones de este año, anunciaron que otorgarán títulos de propiedad para que puedan desarrollar sus emprendimientos en el área rural.
“La propiedad privada debe tener libertad plena, donde todo lo que se haga tenga la iniciativa de emprendimiento y la libertad de ejercer la propiedad sobre lo que tienes”, anunció uno de los candidatos.
“A pesar de los avances institucionales derivados de la Reforma Agraria de 1953 y la titulación de tierras impulsada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en los últimos 25 años, persisten profundas tensiones en torno al acceso seguro a la tierra, especialmente para los jóvenes en zonas rurales del altiplano boliviano. Si bien se han otorgado títulos de propiedad individual y de copropiedad, dichos instrumentos legales no garantizan la seguridad real de la tenencia, particularmente cuando las dinámicas familiares, comunitarias y de poder entran en juego”, sostiene Sarzuri, en su artículo de opinión titulado “Seguridad de tenencia de la tierra y desarrollo agropecuario juvenil en el altiplano boliviano”.
El experto en temas de tierra, Luis Antezana, indicó que es necesario hacer cambios en el occidente para el desarrollo agropecuario y agroindustrial.
Como se recordará, en el área rural existen las tierras comunitarias y los habitantes del lugar son amenazados con quitar su tierra, sino apoyan a un líder, partido o votan por el que las autoridades originarias seleccionan, además de que están obligados a ser autoridades, así como a pasar fiestas patronales.
Desafíos
Sarzuri explicó que uno de los principales desafíos que enfrentan los jóvenes agricultores y ganaderos es la vulnerabilidad de sus inversiones productivas. “Muchos jóvenes invierten en mejoramiento de suelos, siembra de pastos mejorados, crianza de ganado (ovino, camélido, bovino) y otras innovaciones agropecuarias, con el objetivo de aumentar la productividad y sostenibilidad de las unidades productivas. Sin embargo, estos esfuerzos suelen verse afectados cuando copropietarios, tíos u otros familiares cercanos que comparten el derecho propietario de la tierra, bloquean o se apropian de los beneficios generados por dichas inversiones”.
Además, se observan tensiones internas en las familias, especialmente entre hermanos, respecto al uso y control de las tierras heredadas. En muchos casos, el joven que asume la responsabilidad directa del cuidado del ganado o del manejo productivo no recibe reconocimiento ni compensación justa, lo que genera desánimo, conflictos y, en última instancia, desincentivos para continuar en el medio rural, detalló el especialista.
Migración
En los últimos años, a pesar de que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) financió proyectos en el área rural para la producción de alimentos, así como ganado bovino y camélido, la migración a las ciudades aumentó considerablemente.
Crecieron los centros urbanos en desmedro del campo y esto provocó también reducción de la oferta de productos agrícolas en mercados de las ciudades.
Cargos
Cuando un joven o una familia joven accede a beneficios de proyectos de desarrollo (agricultura, ganadería, infraestructura), la comunidad suele exigir que asuman cargos de responsabilidad, como autoridad comunal, Mallku o miembros de la junta escolar u otros cargos comunales. Esta carga social, aunque importante, no va acompañada de garantías legales sobre el acceso o control de la tierra, lo que deja al joven en una posición de mayor exposición sin protección real, sostuvo el técnico de la Fundación Tierra.
“Lo más preocupante es que, ante la falta de seguridad jurídica y el riesgo de ser desplazado de las tierras que supuestamente son ‘de toda la familia’, a pesar de sus inversiones, muchos jóvenes optan por abandonar el altiplano. Este fenómeno contribuye al despoblamiento rural, es decir, la migración hacia las ciudades, a la Amazonía o en casos extremos, al exterior. Aunque la crisis climática y las condiciones medioambientales adversas de la región del altiplano influyen, la inseguridad de la tenencia de la tierra emerge como un factor estructural clave en la decisión de migrar de la población joven”, resaltó.
Mientras las propuestas sobre la titulación pasan por la colectiva comunitaria, también plantean que sea individual, en especial en el occidente del país, para el desarrollo de industrias y agroindustria.
En ese marco, Sarzuri propone que se debe garantizar el acceso seguro a la tierra. “Esto implica no solo un respaldo verbal sino también escrito por las autoridades originarias de las comunidades. Esto debe ser reforzado desde la educación sobre sus derechos y la promoción de la mediación en conflictos familiares”.
Asimismo, sugiere crear incentivos económicos que fomenten la inversión en la agricultura y la ganadería. “Los jóvenes deben sentir que sus esfuerzos serán recompensados y que pueden construir un futuro próspero en sus comunidades”, indicó y complementa que se debe promover la innovación tecnológica agrícola, capacitando a los jóvenes en técnicas modernas y sostenibles que puede ser la clave para revitalizar el altiplano y asegurar su futuro.
Fuente: EL DIARIO
