Los senadores Branko Marinkovic, Kathia Quiroga y Ernesto Suárez plantean abrir el mercado a operadores privados. YPFB seguiría participando, pero sin privilegios ni intermediación obligatoria.
La propuesta apunta a cambiar el actual modelo de abastecimiento de combustibles. Entre sus principales medidas plantea eliminar cupos y autorizaciones previas, reducir del 13% al 3% el IVA para estas operaciones y suprimir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que sería reemplazada por una autoridad dedicada al control técnico, la calidad y la seguridad.
El proyecto, denominado Ley de Libertad de Importación, Almacenaje, Transporte y Comercialización de Combustibles Líquidos, fue presentado ante la Cámara de Senadores el 25 de agosto.
El senador Ernesto Suárez explicó que la iniciativa busca quitar al Estado la intermediación obligatoria y permitir que los privados importen y comercialicen carburantes utilizando infraestructura propia o contratada.
“La solución es sacar el poder de decisión de los funcionarios y llevarlo al mercado: más oferta, más competencia y menos corrupción”, afirmó Suárez.
Importar sin cupos ni autorización previa
Uno de los principales cambios está en la importación. El proyecto establece que cualquier persona natural o jurídica privada podría importar combustibles líquidos sin autorización previa discrecional, licencia de operación, contrato de adhesión, asignación de cupos o permiso de importación.
También propone eliminar cupos, restricciones cuantitativas, volúmenes máximos autorizados y calendarios de asignación. La importación tampoco podría quedar condicionada a las necesidades financieras de una empresa estatal, la programación de compras públicas o el balance de oferta y demanda.
El objetivo, según los proyectistas, es sumar operadores privados, aumentar la oferta y generar competencia para mejorar el abastecimiento.
Precios libres para el combustible importado
Otro cambio de fondo está en los precios. Los combustibles importados bajo este régimen podrían comercializarse libremente, sin precios máximos o mínimos ni márgenes fijados por el Estado.
Cada operador podría definir sus canales de distribución, estaciones de servicio, marcas comerciales, contratos de suministro y condiciones de venta.
La libertad de precios, sin embargo, no alcanzaría a los combustibles producidos en Bolivia y comercializados por la empresa estatal bajo el régimen de precios regulados vigente.
De esta manera, la propuesta permitiría la convivencia de dos sistemas: uno regulado para el combustible nacional y otro de precios libres para los carburantes importados bajo la nueva ley.
IVA del 13% bajaría al 3%
El proyecto incorpora además un régimen tributario especial para la importación y posterior comercialización de combustibles.
La propuesta reduce del 13% al 3% la alícuota del IVA para estas operaciones. También establece que no estarán alcanzadas por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados ni por gravámenes arancelarios.
Los proyectistas sostienen que la reducción tributaria busca hacer viable la importación privada y favorecer una mayor competencia.
YPFB seguiría, pero como un operador más
La iniciativa mantiene a YPFB dentro del mercado de combustibles, aunque modifica el papel de la petrolera estatal.
YPFB podría continuar importando, almacenando, transportando y comercializando carburantes, pero debería hacerlo en igualdad de condiciones con los operadores privados, sin intermediación obligatoria ni privilegios frente a sus competidores.
El proyecto también establece que la petrolera no podría ejercer funciones administrativas, regulatorias o de control sobre las actividades desarrolladas por privados.
El proyecto plantea eliminar la ANH
Uno de los cambios institucionales más fuertes es la supresión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En su lugar se propone crear la Autoridad Técnica de Calidad y Seguridad de Combustibles, encargada de controlar la calidad, seguridad, metrología y fiscalización técnica.
La nueva institución no tendría atribuciones para decidir quién puede importar, asignar cupos, fijar precios o márgenes, aprobar programas de abastecimiento o restringir volúmenes.
Una salida a la crisis de abastecimiento
Los senadores Demócratas presentan la iniciativa como una respuesta estructural a los problemas de suministro de carburantes y sostienen que Bolivia no debería depender de un único operador para garantizar el abastecimiento.
Suárez anunció que el proyecto será socializado con diferentes sectores, la población y el Gobierno para recibir aportes antes de avanzar en su tratamiento.
Los proyectistas resumen la propuesta en tres objetivos: liberar el mercado de combustibles, reducir los espacios que consideran propicios para hechos de corrupción y garantizar el abastecimiento.
De aprobarse, la norma modificaría profundamente el actual mercado de carburantes: desde quién puede importar y vender hasta cómo se fijan los precios del combustible importado y qué papel cumplen YPFB y la ANH.
Fuente: El Deber
