El proyecto de ley fue presentado de manera simultánea a nivel nacional en coordinación con diversas cámaras sectoriales que representan a los sectores de producción, transporte, comercio, así como a pequeñas, medianas y grandes empresas.

“Esta acción busca propiciar un debate constructivo entre el sector público y privado, permitiendo enriquecer la formulación de políticas públicas en el país”, dijo Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El industrial agregó que si se deroga la polémica disposición el gran ganador será el país, porque se daría una muestra de entendimiento y también se mejoraría el clima de inversiones.

“Resaltamos que la CNI siempre tomó una posición en defensa de la economía formal y la lucha contra el contrabando, además del crimen organizado, como se evidencia en las reiteradas propuestas presentadas al sector público consistentes en la penalización del delito”, dijo.

El presidente de la Caneb, Danilo Velasco, afirmó que el sector productivo mantiene una postura unificada y exige la anulación de dicha disposición. Aunque están abiertos al diálogo, su demanda no está en discusión.

“Ratificamos el consenso que tienen varios sectores, existen otros que se están sumando y eso nos fortalece. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero en esta medida no tenemos nada que dialogar y lo que pedimos es la derogación, en esa línea el sector empresarial se mantiene unido”, manifestó.

Cívicos apoyan paro

En tanto, en Santa Cruz, el Comité Cívico rechazó esta disposición, la cual, según argumentan, habilita la confiscación de bienes bajo la justificación de especulación y agio. Ante esto la entidad apoya a los representantes de la cadena alimenticia del país para coordinar acciones en contra de esta normativa.

Una de estas medidas es la presentación de este proyecto de ley .

El proyecto será presentado al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Senadores.

Desde el ente cívico cruceño se instó a ambas autoridades a que el tratamiento del proyecto se realice de manera expedita, considerando el impacto en los sectores productivos.

Como medida de presión, el Comité Cívico anunció un paro movilizado a nivel nacional para el próximo lunes 10 del presente mes. Esta protesta, que se desarrollará en los nueve departamentos del país, contará con la participación de diversos actores de la cadena alimenticia.

Fernando Larach, presidente de ente cívico confirmó la convocatoria a un directorio en las próximas horas para coordinar su participación en la movilización. “Estamos apoyando las determinaciones y solicitudes de nuestras instituciones”, afirmó.

Postura estatal

El Gobierno insiste en mantener esa norma en vigencia y asegura que la confiscación de productos no es nueva, existen normas que lo establecen. El viceministro Defensa al Consumidor, Jorge Silva, dijo que evita hechos delictivos como el agio y la especulación.

“Al parecer no tienen los argumentos suficientes, técnicos y legales, como para contrastar la posición que tenemos como Gobierno, de luchar contra aquellas actividades ilícitas que están afectando el abastecimiento de productos, pero principalmente el incremento de precios de los alimentos esenciales de la canasta familiar”, sostuvo el viceministro.

Silva explicó que la disposición séptima no alcanza al sector productivo legalmente establecido, menos al comercio minorista, que también rechaza la medida.

No obstante, si el Gobierno no toma en cuenta este proyecto se confirma el paro convocado para el 10 de febrero.

Para saber

¿Qué dice la disposición?

La disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de Bolivia, que faculta al Gobierno a decomisar productos en casos de especulación y obliga a los actores de la cadena alimentaria a declarar información bajo juramento.

Fuente: El Deber 

Sección: Economía 

Fecha: 04/02/2025