El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, ratificó la postura del empresariado boliviano en contra de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. El dirigente empresarial calificó la medida como innecesaria y advirtió que su aplicación podría incrementar la burocracia y abrir espacio a arbitrariedades en el sector productivo.

El representante industrial reiteró su pedido de derogación de la normativa, la cual permite la confiscación de productos a personas identificadas con presuntos fines de "acopio y especulación" dentro de la cadena alimentaria del país.

“La CNI y todo el sector empresarial han sido claros: esta disposición debe ser derogada. Su aplicación generaría incertidumbre y afectaría gravemente el clima de inversiones. No podemos permitir que se habiliten mecanismos discrecionales de control que puedan traducirse en abusos o extorsiones contra el sector productivo formal”, afirmó Camacho en entrevista con el portal Economy.

El dirigente empresarial enfatizó que, si bien el sector privado coincide en la necesidad de garantizar el abastecimiento y evitar prácticas especulativas, considera que el marco legal vigente ya contempla sanciones para tales casos, por lo que la nueva disposición sería redundante y contraproducente. 

“La falta de divisas y combustibles no es responsabilidad de los empresarios, sino de la gestión estatal”, agregó.

El rechazo del empresariado se suma a otros sectores que han manifestado su preocupación por las implicaciones de esta normativa dentro de la economía nacional. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial a los cuestionamientos del sector industrial.

Fuente: El Deber 

Sección: Economía 

Fecha: 04/02/2025