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  • domingo, 16 junio 2024
Según fernando Asturizaga (Anapo): Recientes avasallamientos en la zona norte son un impedimento total para las actividades productivas

Según fernando Asturizaga (Anapo): Recientes avasallamientos en la zona norte son un impedimento total para las actividades productivas

Santa Cruz Agropecuario entrevistó a Fernando Asturizaga , asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) para aclarar la situación de los recientes avasallamientos perpetrados en la zona Norte del departamento de Santa Cruz, en específico en San Pedro, Provincia Obispo Santistevan.

 

“La preocupación es bastante grande, porque el avasallamiento en vez de haber disminuido esta creciendo con nuevas metodologías, que es lo preocupante, ya no solamente en la ocupación. De hecho, ya no solo se quema la cortina rompevientos donde tiene su área de protección ecológica el productor, sino es entrar a amedrentrar, destruir maquinaria, golpear a los productores, saquear, y salir cuando un contingente policial está yendo a detener a la gente”, resaltó.

 

Sumado a estas acciones, Asturizaga denunció que los avasalladores cuentan con un sistema de monitoreo, a través de drones, mediante el cual visualizan a los productores y sus respectivos trabajadores para que ellos puedan evitar sembrar o cosechar.

“Existe un impedimento total a las actividades productivas. Actualmente, se encuentran tomadas cien hectáreas de las cinco propiedades amenazadas. Pero además, existe un área más grande de 70.000 hectáreas,que dicen estos grupos de avasalladores, que van a tomar”, enfatizó.

 

El argumento que manejan estos avasalladores para perpetrar estos actos, es que ellos responden a la necesidad de dotar de tierras a 1.500 familias que componen su comunidad, y que por mandamiento legal eso es lo que les corresponde.

“Existe una preocupación muy grande, porque, primero existe un daño ambiental al quemarse las cortinas rompevientos. Segundo, hay una vulneración al derecho al trabajo, porque no se permite, ni la siembra, ni cosecha de los productores. Tercero, hay amenazas de golpes, de violencia exigiendo que los productores se vayan de sus tierras tituladas”, sintetizó.

 

A este estado de situación Asturizaga añade como un cuarto elemento, el de que los títulos propietarios tienen lamentablemente solo dos años de vigencia, al cabo de ese plazo nuevamente deben ser revisados nuevamente.

“Bajo esas condiciones, de que manera el productor va a invertir y trabajar, si cada dos años tiene el peligro que nuevamente se le revise su derecho propietario “, cuestionó.

Con esto dicho, el profesional asumió que existe un caldo de cultivo propicio para que los avasallamientos se consuman.

 

Instancias legales agotadas

 

“En esta situación de predios titulados, el INRA no tiene la facultad de ordenar un desalojo. Estamos clarísimos con esto . Los productores también, por eso, han planteado un amparo constitucional contra estas personas que amenazan sus derechos, su propiedad, su trabajo. Y lo han ganado, no solo en la sala constitucional del Tribual de Santa Cruz, sino en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya no hay más instancias, y esa corte máxima en materia constitucional ha determinado que estas personas deben abandonar los predios en un máximo de diez días. Esto ha sido en diciembre del año pasado (2023), estamos ya en junio y la gente sigue allí”, constató.

Ante esto, el asesor de Anapo, lamentó que la Policía no haya consumado el desalojo. Por otro lado, también argumentó que ya se hizo la denuncia en el ámbito penal ante el Fiscal de Materia en Montero (Provincia Obispo Santistevan), además de haberse emitido cinco mandamientos de aprehensión contra los supuestos cabecillas.

“Estos mandamientos fueron emitidos en abril y no se ha dado cumplimiento a esta orden fiscal. Esto está claro. Cuando además tenemos las declaraciones del Comandante de la Policía que dice que antes de intervenir le va a preguntar al INRA, entonces nos preguntamos ¿Quién protege al productor? y el INRA ha sido muy claro, predio titulado, vayan a la justicia, el productor acude a la justicia, gana en la justicia, va al juicio penal, consigue los mandamientos de aprehensión, pero estos no se cumplen, por lo que la indefección se vuelve el pan nuestro de cada día. Así, el temor crece en los productores, en los trabajadores y sus familias porque estos grupos que amenazan esta zona son numerosos”, describió.

 

Impacto negativo en la alimentación de los bolivianos

Consultado sobre el impacto que este avasallamiento en la zona Norte cruceña tendrá en la agroproducción y la soberanía alimentaria nacional, Fernando Azturizaga graficó que esta cuestión de impedimento plasmada en los productores logra que entre cuatro a cinco kilogramos de grano equivalen a un kilogramo de carne de cerdo, en seis de carne de pollo, en litros de aceite (sin especificar), y en miles de huevos.

“Estos son alimentación directa del pueblo boliviano. Entonces el daño se ve. Hacemos un cálculo también que esas 300.000 toneladas de grano que salen de esta zona significan 7.500 viajes de camiones trasportando ese grano hacia la industria aceitera. Esos 7.500 viajes representan un costo que beneficia al camionero o transportista, con el cual se mantiene el y su familia”, especificó.

Por tanto, según prosigue Asturizaga en su recuento de daños, el efecto multiplicador que esto ocasiona en la economía local, regional y nacional tiene que ver con seguridad alimentaria, divisas, trabajo (empleo directo e indirecto) que no se está visualizando.

“Por eso es que, nosotros ( Anapo), de la manera más respetuosa, hemos pedido la acción del Estado, de la Policía y del Ministerio de Gobierno porque no es posible que esto vaya incrementándose” , certificó.

 

Piden acciones al Estado

 

En refuerzo a esto, el entrevistado afirmó haber escuchado al director del INRA que ha habido gente a la cual ya se encarcelo, pero esta al poco tiempo salió con un accionar reforzado y amenazante.

Es este sentido, y mediante testimonios provistos por productores afiliados a Anapo, los avasalladores les piden que cualquier negociación al respecto debe hacerse en Las Londras, propiedad tomada por estos grupos, y que ahora opera como un cuartel central de operaciones   respecto a su objetivo de toma de tierras.

“Ante lo dicho, nuevamente convocamos de la manera más respetuosa al Estado a cumplirá las sentencias del tribunal Constitucional Plurinacional, de la Sala Constitucional y los requerimientos fiscales que, sino esto irá incrementándose, pasando del municipio de San Pedro, a los municipios de Guarayos, (que ya hay municipios tomados allí) y el de Cuatro Cañadas. Algo se tiene que hacer de manera urgente”, solicitó.

 

Aspirar a un modelo de desarrollo individual y no comunitario

 

A manera de conclusión, Azturizaga como portavoz de Anapo ante este conflicto, aconsejo a los productores mantener la calma, no dejarse llevar por las provocaciones que existen.

“Hay que esperar que los organismos competentes del Estado asuman su responsabilidad en poder el Estado de Derecho en vigencia en esta zona, como un primer elemento. Segundo, es que confíen en su institución (Anapo) que asumirá la defensa de sus derechos e intereses. No vamos a claudicar en abrir el diálogo con toda entidad del Estado llámese Policía Nacional,  Ministerio e Gobierno,  Instituto de Reforma Agraria o Autoridad de Bosques y Tierras, para encontrarle una solución a este tema”,adujó.

Añadió que, según los datos provistos por el INRA de manera anual que, en el país existen suficientes tierras fiscales para darle a todos los bolivianos. Bajo esa premisa instó a un replanteamiento de la forma en que se encara el proceso agrario, donde la Comisión Agraria Departamental debe operar como un filtro para dotar de tierra a quien realmente la necesita, priorizando preferencias a la gente del lugar, y que estas tierras no solo vayan a las comunidades, sino el adjudicación  individual a pequeños productores con anhelos de crecer productivamente.

“El modelo productivo cruceño se basa precisamente en la propiedad individual de la tierra. Gran parte de ellos migrantes que han llegado del interior del país hacia Santa Cruz, han progresado, no por un trabajo en comunidad, de la cual venían escapando como es el derecho propietario colectivo. Así, vinieron a trabajar en su parcela, en su tierra que compraron. Muchos de ellos ya son dirigentes agropecuarios, y creo que esa es la base que debería mantenerse en la distribución de tierras en Santa Cruz”, acotó.

 

 

   

 

Fuente: Prensa SCA  

Periodista: Luis E. Reyes Ortiz Mérida.

Fecha: 6/06/2024

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