El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, señala que el arbitraje y la seguridad jurídica son clave para atraer capitales y advierte que el país está desaprovechando su potencial productivo
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, en el programa Influyentes de EL DEBER, puso en duda que una nueva Ley de Inversiones sea suficiente para revertir la baja llegada de capital extranjero a Bolivia y planteó que el país debe encarar reformas estructurales para recuperar la confianza de los inversionistas.
El diagnóstico parte de un dato que, a su juicio, debería encender las alarmas. En 2025, América Latina y el Caribe recibieron $us 194.233 millones de inversión extranjera directa (IED), un 1,7% más que en 2024, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De ese monto, Bolivia captó apenas $us 620 millones, equivalentes al 0,3% del total regional. Si bien la cifra representa una recuperación de 73,3% respecto de los $us 358 millones de 2024, el país continúa con una participación marginal en el flujo de capitales hacia la región.
“Algo mal hemos debido hacer”, sostuvo Rodríguez al comparar el desempeño boliviano con el de países vecinos.
El contraste resulta especialmente fuerte con Perú y Chile. Según los datos citados por el gerente del IBCE, Perú recibió cerca de $us 12.000 millones y Chile alrededor de $us 15.000 millones en IED durante 2025. La diferencia muestra la distancia que existe entre Bolivia y economías vecinas en capacidad de atraer capital extranjero.
Para Rodríguez, el problema no es la falta de recursos o de oportunidades. Bolivia tiene más de un millón de kilómetros cuadrados, importantes reservas mineras e hidrocarburíferas, extensas áreas boscosas, biodiversidad, agua dulce, tierras aptas para la agricultura y ganadería, además de potencial forestal y turístico.
“¿Cómo puede ser posible que ese potencial esté dormido?”, cuestionó.
Confianza, economía y expectativas
El ejecutivo del IBCE considera que el debate sobre inversiones debe ir más allá de los incentivos que pueda ofrecer una nueva norma.
En su criterio, Bolivia necesita resolver tres problemas simultáneamente: el económico, el de confianza y el de las expectativas. Sin estos tres elementos, una ley puede convertirse en una herramienta insuficiente para convencer a empresas nacionales y extranjeras de colocar capitales de largo plazo.
La Cepal, en su último informe regional, también plantea que la atracción de IED debe estar vinculada con políticas de desarrollo productivo. El organismo señala que la inversión extranjera puede contribuir a enfrentar los problemas de bajo crecimiento y de productividad de la región cuando se orienta estratégicamente hacia sectores capaces de transformar las economías.
En Bolivia, además, el Gobierno de Rodrigo Paz impulsa una nueva Ley de Inversiones como parte de un paquete de reformas que incluye normas para minería e hidrocarburos. El Ejecutivo plantea que la legislación debe generar seguridad jurídica y atraer capital privado nacional y extranjero.
El proyecto que actualmente se socializa contempla, entre otros elementos, que una eventual nacionalización o expropiación requiera la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa. También plantea proteger el patrimonio de los inversionistas y habilitar el arbitraje internacional para resolver controversias en materia de inversiones, con la excepción del sector hidrocarburífero.
El “candado” constitucional
Es precisamente en este punto donde Rodríguez plantea una de sus principales observaciones. “¿De qué Ley de Inversiones podemos hablar si lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución Política del Estado?”, preguntó.
El gerente del IBCE se refiere particularmente a las restricciones constitucionales sobre la jurisdicción y el arbitraje. El artículo 320 de la Constitución establece que las inversiones extranjeras deben sujetarse a la legislación boliviana y a la jurisdicción de las autoridades nacionales. Un análisis de Harvard Kennedy School sobre las reformas económicas de Bolivia identifica esta disposición como una de las restricciones que afectan el diseño de un sistema internacional de solución de controversias.
Además, el artículo 366 establece una restricción específica para las empresas extranjeras que participan en la cadena productiva de hidrocarburos en nombre y representación del Estado: no reconoce tribunal ni jurisdicción extranjera y prohíbe invocar arbitraje internacional.
Para Rodríguez, esa situación puede convertirse en un obstáculo para grandes inversiones, porque un empresario que compromete decenas o cientos de millones de dólares necesita tener certeza sobre qué ocurrirá si en el futuro surge una controversia con el Estado.
“¿Quién va a venir a apostar por Bolivia cuando, en un diferendo, va a ser la justicia boliviana la que dirima quién tiene razón?”, planteó.
El debate no es nuevo. La actual Ley de Promoción de Inversiones, Ley 516 de 2014, establece un marco general para las inversiones nacionales y extranjeras y contempla mecanismos de solución de controversias dentro de la normativa boliviana.
El sector privado ya había reclamado este año que la nueva legislación incluya previsibilidad normativa y arbitraje internacional. La Cámara Nacional de Industrias (CNI), por ejemplo, sostuvo que ambos elementos son fundamentales para reducir el riesgo que percibe un inversionista extranjero.
Una oportunidad que Bolivia no puede desaprovechar
Rodríguez considera que el país enfrenta una situación paradójica: posee una amplia dotación de recursos naturales y posibilidades de diversificación productiva, pero no logra captar una proporción significativa de los capitales que llegan a la región.
Los $us 620 millones recibidos en 2025 muestran, sin embargo, que existe algún margen de recuperación. La IED aumentó 73,3% en un año y los recursos naturales concentraron $us 469 millones. La reinversión de utilidades explicó el 76% de las entradas, mientras que los aportes de capital representaron apenas el 2%.
Este último dato resulta particularmente relevante para el debate: buena parte del flujo registrado como IED corresponde a empresas que ya están instaladas en el país y que reinvierten sus utilidades, más que a nuevos capitales que llegan desde el exterior.
Para el gerente del IBCE, la discusión, por tanto, no debería limitarse a aprobar una nueva ley. Bolivia necesita reconstruir las condiciones que permitan que el capital llegue, permanezca y se multiplique.
“Hay que solucionar un problema económico, un problema de confianza y hay que darle otra vez al país esperanza”, sostuvo.
Rodríguez pidió además a los legisladores actuar con “grandeza” frente a las reformas que se planteen. En su criterio, si el país no corrige las restricciones institucionales y jurídicas que hoy desincentivan la inversión, corre el riesgo de continuar en un ciclo de crisis recurrentes.
“Si no, vamos a seguir en este círculo vicioso de éxtasis, de jolgorio, de fiesta y después crisis y lamento y dolor. Y al final del día quien paga todo esto es el pueblo”, afirmó.
Fuente: El Deber
