Cainco cuestiona cobros a bebidas para financiar Mi Bolivia Lechera

La entidad pide a la Cámara de Diputados revisar el proyecto y abrir un diálogo con los sectores afectados. Advierte sobre posibles efectos en los costos de las empresas, especialmente de los pequeños y medianos cerveceros artesanales.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) pidió a la Cámara de Diputados revisar el financiamiento del programa Mi Bolivia Lechera antes de aprobar el proyecto de ley que lo establece. La entidad cuestiona que determinadas bebidas alcohólicas deban financiar un fondo de apoyo al sector lácteo y solicita una evaluación de sus efectos sobre las empresas y los consumidores.

Según el comunicado empresarial, el Proyecto de Ley 267/2025-2026 fue aprobado por el Senado el 15 de octubre y remitido a Diputados. La propuesta crea un fondo por diez años, financiado, entre otras fuentes, mediante retenciones sobre la comercialización de determinadas bebidas alcohólicas nacionales y su importación. “Consideramos necesario revisar este mecanismo antes de continuar con su aprobación”, señaló Cainco.

La organización reconoce la importancia del sector lechero para la seguridad alimentaria, pero pide explicar por qué actividades ajenas a esa cadena deben aportar al fondo y por qué no se contempla una contribución obligatoria de la industria láctea entre sus fuentes de financiamiento. Plantea evaluar alternativas presupuestarias, de cooperación y de participación sectorial.

Observaciones a los cobros

De acuerdo con Cainco, el artículo 8 del proyecto establece una cuota máxima de Bs 0,10 por litro para la cerveza nacional e importada, susceptible de reducción. La entidad sostiene que el análisis debe considerar el efecto acumulado de ese cobro, los costos de cumplimiento y la carga fiscal que ya soportan las empresas.

Su preocupación incluye a los pequeños y medianos cerveceros artesanales, cuya capacidad para absorber costos adicionales considera más limitada. Advierte que la medida podría reducir su competitividad y afectar sus inversiones, empleos y proveedores.

El comunicado también señala que el proyecto incluye al pisco, whisky y otras bebidas con cuotas máximas de Bs 1 por litro, mientras no menciona expresamente a otras bebidas alcohólicas. Cainco solicita justificar técnicamente la selección de los productos y las diferencias de tratamiento.

Además, pide evaluar si las nuevas cargas pueden ampliar las desventajas de los productos formales frente al contrabando, la falsificación y la adulteración.

Reglas de cobro y transparencia

Entre sus observaciones jurídicas, Cainco solicita precisar quiénes estarán obligados a pagar y establecer un momento único de cobro para evitar aplicaciones sucesivas en la cadena de comercialización. También plantea revisar la imprescriptibilidad del pago prevista en el artículo 13 y definir en la ley las conductas sancionables y los límites de las sanciones.

La entidad pide esclarecer la naturaleza jurídica de las retenciones. Si se determina que constituyen una carga tributaria, solicita examinar el inicio del trámite en el Senado frente a la atribución de la Cámara de Diputados que cita del artículo 159 de la Constitución.

Sobre la administración del fondo, reclama metas medibles, publicación periódica de ingresos, gastos y beneficiarios, límites a los gastos administrativos y mecanismos que permitan comprobar los resultados para los productores lecheros.

También pide una evaluación verificable de los resultados, recursos utilizados y saldos disponibles del Fondo Proleche, además de recoger las observaciones empresariales formuladas durante 2025 a las iniciativas vinculadas con ese mecanismo.

Cainco solicitó que Diputados convoque a productores lecheros, industrias, importadores, comerciantes y sus organizaciones, con acceso al texto aprobado y a los informes que sustentan la propuesta. Asimismo, pidió al Ejecutivo participar en la revisión del financiamiento y de las observaciones planteadas.

Fuente: El Deber

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