Representantes de comunidades indígenas Chiquitanas denunciaron presuntas irregularidades en el trámite del recurso de casación por el caso del río San Lorenzo, en la Chiquitanía.
Cuestionan la actuación de la magistrada de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, Rocío Vásquez, según una publicación de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
La denuncia surgió durante una audiencia de fundamentación, en la que representantes de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas-Turubó (CCICH-T), de la comunidad Buena Vista de la TCO Turubó Este y sus abogados señalaron una presunta parcialización de la magistrada a favor de los demandados.
El recurso de casación permanece en trámite desde marzo de 2026 y busca definir la situación de las obras construidas sobre el curso del río San Lorenzo.
Casación
El conflicto tiene como antecedente la Sentencia 06/2025, del 27 de noviembre de 2025, que ordenó retirar las infraestructuras cuestionadas, restaurar el área afectada y resarcir a cinco comunidades de la TCO Turubó Este. Según los denunciantes, durante el proceso quedó establecido que las construcciones carecían de licencia ambiental y se encontraban en una zona de cabecera de cuenca.
En el reporte de ANA se señala que los representantes de las comunidades sostienen que la etapa de casación, por su naturaleza, no debería incorporar nueva prueba. Sin embargo, denuncian que desde marzo la magistrada solicitó informes a distintas instancias, una actuación que, según los abogados, podría prolongar la resolución del caso y favorecer la permanencia de las obras cuestionadas.
Información
Entre las principales observaciones figura también la falta de notificaciones electrónicas. Los denunciantes aseguran que esta situación obliga a comunarios de la Chiquitanía a trasladarse durante más de 20 horas hasta las sedes judiciales para conocer las actuaciones del proceso.
Los abogados Rodrigo Herrera y Vanessa Barrando, junto al demandante Wilson Hurtado y Juan Pablo Rojas, representante de la CCICH-T, cuestionaron además una supuesta suspensión del plazo procesal que, a su criterio, retrasó la resolución del recurso.
Las comunidades consideran que la demora adquiere mayor gravedad debido al estado del río San Lorenzo. Sus representantes sostienen que el cauce atraviesa un proceso de deterioro y que la falta de una decisión judicial oportuna incrementa los riesgos para las comunidades que dependen de esa fuente de agua.
“Este no es un simple problema técnico”, señalaron los denunciantes, quienes consideran que las actuaciones cuestionadas podrían afectar el principio de legalidad ambiental, el acceso a la justicia y los derechos de las comunidades sobre su territorio y fuentes de agua.
Proceso
El 25 de agosto, los representantes de las comunidades presentaron ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental una solicitud para revisar el proceso y las actuaciones cuestionadas.
Ahora exigen que el Tribunal Agroambiental intervenga para revisar el trámite, que el Tribunal Constitucional Plurinacional analice las presuntas vulneraciones de derechos y que el Consejo de la Magistratura investigue la actuación de la magistrada Vásquez.
El caso enfrenta así la protección de las fuentes de agua y los derechos de las comunidades con la situación jurídica de las infraestructuras construidas sobre el río San Lorenzo, mientras el recurso de casación continúa pendiente de resolución.
Fuente: La Razón
