La Comisión de Seguridad Alimentaria, integrada por representantes del sector ganadero, frigoríficos y autoridades, fue clave para alcanzar estos consensos. También participaron ministros de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y otras autoridades, junto a organizaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

 

El compromiso también incluye procesar penalmente a quienes estén involucrados en el contrabando, una práctica que amenaza la seguridad alimentaria del país y la estabilidad del mercado cárnico. El Decreto Supremo 5245 establece que aquellos que se dediquen a sacar productos nacionales a otros países podrían enfrentar una condena de hasta 14 años de cárcel.

 

Estas medidas refuerzan el esfuerzo conjunto entre el Estado y los sectores productivos para combatir el contrabando y garantizar el suministro de carne a precios justos en el mercado interno.

 

De acuerdo con los sectores y el Gobierno, uno de los motivos por los cuales la carne se vende por encima de su precio regular es a causa del contrabando, ya que afecta al abastecimiento interno y genera el alza del costo del producto.